El Grupo de Abogados Jóvenes denuncia malos tratos en la cárcel de Alcalá-Meco

El criterio de selección de los internos que se envían a la cárcel de máxima seguridad de Alcalá-Meco "es totalmente arbitrario", según el informe remitido por la Comisión de Derechos Humanos del Grupo de Abogados Jóvenes de Madrid al juez de vigilancia penitenciaria de dicho centro, al director general de Instituciones Penitenciarias y a la Asociación Pro Derechos Humanos. Las conclusiones del informe -elaborado como consecuencia de la visita realizada el pasado 22 de abril por cuatro abogados- denuncian también condiciones de casi inhabitabilidad en la prisión y malos tratos infligidos a varios internos por, un sector de funcionarios de la línea dura.

Los cuatro abogados que visitaron la cárcel de Alcalá-Meco -José Luis Galán, Begoña Lalana, José Antonio Pérez Andrés y Begoña González- mostraron a los informadores cartas manuscritas de los internos Pedro Antonio Bielsa, Pablo Guisasola Merino, Pablo Andrés Jiménez Moreno, Andrés Caro Garrido, Luis Miguel "Álvarez Gómez y Joaquín Quintero Valencia, algunos de los cuales ya han sido trasladados a otros centros penitenciarios. En las misivas los reclusos dan cuenta de supuestas amenazas, coacciones, vejaciones y otros malos tratos.

El informe de los abogados jóvenes vincula la difícil habitabilidad de Alcalá-Meco al problema de la falta de agua y relaciona el deterioro de la situación general de esta prisión con la gestión del actual director, Juan Antonio Marín Ríos, durante la cual, se afirma, priman "cada vez más los criterios de seguridad sobre los de rehabilitación y asistencia" y se ha impuesto como norma general "la no respuesta a las instancias que le dirigen los internos". Entre las quejas destaca la abundancia de partes por razones injustificadas y el envío al módulo 3 de aislamiento, en el que los reclusos permanecen 20 horas diarias.

Los abogados señalan que, aunque el régimen de aislamiento de este módulo está "formalmente legalizado, por estar aprobado -por el juez de vigilancia", es "objetivamente injusto". Asimismo, lamentan "la reacción corporativista de un sector minoritario de los funcionarios, parapetados tras las siglas de un histórico y respetabilísimo sindicato [CC OO]".