Una alternativa al actual modelo policial

Bien poco ha cambiado la organización general de la policía desde la aprobación de la Constitución, en 1978, afirman los autores. Tampoco puede decirse -añaden- que dos años largos de -Gobierno socialista hayan servido de mucho. Lo cierto es que aún persisten los rasgos más característicos de la organización policial anterior a la democracia. A partir de esta afirmación ofrecen la que llaman propuesta Alavedra, que el conseller de Gobernación hizo ante el Parlament.

No solamente por el hecho de que la legislación policial sea anterior a la Constitución y que las leyes orgánicas que ésta prevé para desarrollar el nuevo modelo policial no se hayan traducido ni siquiera en un proyecto sino porque tampoco se ha modificado sustancialmente el carácter militar de la mayor parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque no se ha prevísto el papel que deberán desempeñar en el nuevo modelo ni las policías locales ni las autonómicas, porque no se ha buscado una fórmula que permitiera a las tres administraciones (local, autonómica y central) compartir efectivamente la responsabilidad sobre la seguridad pública, porque no se ha regulado debidamente el ejercicio de los derechos y libertades que también les corresponden a los policías en un sistema que se pretenda democrático; porque no se han adoptado, en definitiva, medidas efectivas para desterrar completamente de la policía todo tipo de prácticas que puedan resultar incompatibles con la defensa y la promoción de los derechos humanos.Luego no nos puede sorprender que empiecen a aflorar tantas contradicciones del seno de la policía, que no desaparezcan las competencias corporativistas entre los diferentes cuerpos, que el clima de inseguridad entre la población aumente, que las relaciones entre la policía y los ciudadanos no mejoren sustancialmente, o que, en definitiva, resulte tan complejo adecuar el ritmo de la policía al de los cambios sociales y políticos.

El edificio policial se viene abajo. Sin dramatismos ni alarmismos de ningún género, deberíamos darnos cuenta de una realidad inexorable a la cual aún nos podemos anticipar. Nuestro modelo policial responde, en sus rasgos principales, a las peculiariares circunstancias decimonónicas que lo alumbraron, así como a las que lo consolidaron durante el régimen anterior. Lo cual explica, en buena medida, que no sea factible ajustar la policía a la nueva realidad política si antes no se operan cambios importantes en su organización general.

Aunque pudiera parecer lo contrario, a veces la mejor prudencia y sentido de la responsabilidad aconsejan, justamente, la mayor audacia. Este es el caso. Urge definir un nuevo modelo policial que se ajuste escrupulosamente a la nueva organización territorial y administrativa del Estado (es decir, que tenga debidamente en cuenta la autonomía local y el papel de las comunidades autónomas) y que sea capaz de garantizar y de promover el libre y pacífico ejercicio de todos los derechos y libertades que la Constitución reconoce a los ciudadanos.

Una responsabilidad compartida

Esto es precisamente lo que vino a ofrecer, en su intervención ante el Parlament de Cataluña, el conseller de Gobernación, Maciá Alavedra.

La propuesta Alavedra prefigura un nuevo modelo de seguridad pública en el que puedan resultar compatibles la descentralización, la coordinación y, en definitiva, la eficacia. Toda su propuesta se sustenta en la convicción expresada de que la seguridad pública es una responsabilidad que deben compartir las tres administraciones, lo cual requiere la clarificación y la racionalización de sus respectivas competencias.

Los alcaldes deben recuperar la condición de autoridad en materia de orden público. Son ellos y no los gobernadores civiles quienes se hallan en la mejor situación para ejercer estas facultades en sus respectivas poblaciones, al mismo tiempo que deben asumir más directamente la responsabilidad principal en relación a la indispensable seguridad que reclaman los ciudadanos ante la amenaza delictiva. Ello deberá completarse con la creación de comisiones locales de seguridad presididas por el alcalde, y en las cuales participaría el resto de administraciones implicadas a fin de garantizar la coordinación de las respectivas fuerzas policiales.

Las comunidades autónomas deben poder asumir la máxima responsabilidad en relación a la seguridad pública en su respectivo ámbito. Ello se traduciría en la creación de cornisiones autonómicas (le seguridad presididas por el consejero de Gobernación, y en las que participaran los representantes de los ayuntamientos y de la Adrninistración central.

A la Administración central le corresponde la responsabilidad de establecer un marco general que integre las diversas acciones autonómicas y locales en un mismo esfuerzo para reducir la problemática delictiva de ámbito estatal. Esta función se ejercería a través de una comisión estatal de seguridad, presidida por el ministro del Interior y en la cual participarían los representantes de los ayuntamientos v de las comunidades autónomas.Un nuevo modelo policial

Esta redistribución de las responsabilidades atribuidas a cada una de las tres administraciones implicadas en el proceso de seguridad pública (que deberá comportar una redistribución equitativa de los recursos financieros) lleva aparejada una delimitación racional de los ámbitos de intervención de los diferentes cuerpos policiales.

Los municipios que dispongan de la, base de población necesaria (probablemente en torno a los 20.000 habitantes) asumirían,directamente la prestación del servicio policial básico (prevención del delito, intervención en delitos y accidentes, mantenimiento del orden público, control de la circulación, auxilio a la población) mediante su propia policía local.

Los municipios que, agrupándose, consigan el mínimo de población requerido también podrían asurnir la prestación conjunta del servicio policial básico mediante una policía supramunicipal.

Los municipios que no estén en condiciones de asumir, ni directamente ni a través de agrupaciones, la prestación del servicio policial básico podrían establecer convenios con la respectiva comunidad autónoma (en el caso de que disponga de policía autonómica), o bien con la Administración del Estado, a fin de garantizar dicha prestación mediante otras fuerzas policiales.

Allí donde exista policía autonómica, ésta se ocupará de prestar a las policías locales todo el apoyo que les sea necesario a fin de resolver aquellas circunstancias conflictivas que desborden sus posibilidades de intervención; allí donde no exista, esta función la asumirá la policía dependiente de la Administración del Estado.

La policía del Estado además asumiría la responsabilidad completa en todo el territorio, por lo que se refiere a las competencias de ámbito supra y extracomunitarío (fronteras, identidad, contrabando, vigilancia fiscal, terrorismo, tráfico de droga, etcétera).

La propuesta elaborada por la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Generalitat de Cataluña (dificil de analizar ahora con mayor detalle) no ha sorprendido a la mayor parte de los grupos parlamentarios que participaron en el debate del Parlament. Su mayor virtud quizá consista en haber sabido recoger los resultados de un largo y paciente proceso de reflexión, estudio, experiencia y debate, que se inició en Cataluña en 1979, y a raíz del acceso a la Administración local de un grupo de hombres y mujeres que se vieron confrontados a la necesidad ineludible de elaborar una alternativa a la organización policial existente, y que aún hoy continúan trabajando, quizá en lugares diferentes, con el mismo horizonte.

Quizá por ello se explique que quienes firmamos este artículo no hallemos mayor dificultad para el trabajo en común en el seno de la Dirección General, a pesar de nuestras diferentes opciones ideológicas (comunista, socialista y convergente, respectivamente).

La propuesta presentada en el Parlament, en la medida en que se propone ajustar la organización policial a las previsiones constitucionales y a las nuevas realidades sociales y políticas, puede y debería servir para iniciar un fructífero diálogo entre las tres administraciones con el objetivo común de elaborar un nuevo modelo de seguridad pública. Justo lo que acordó por unanimidad (Convergéncia i Unió, Partit deis Socialistes de Catalunya, Partit Socialista Unificat de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y Alianza Popular) el Pleno del Parlament de Cataluña el pasado día 9.