España tendrá unos 1.500 funcionarios en los órganos de la CEE

España tendrá entre 928 y 1.265 funcionarios en la Comisión Europea cuando se produzca su plena integración en la Comunidad Económica Europea, según los cálculos realizados por los negociadores españoles, dependiendo de unos máximos y mínimos que aún deben concretarse. La Comisión Europea será el principal receptor de los funcionarios españoles, estimándose que oscilarán entre 1.500 a 1.600 los representantes de nuestro país que ocuparán puestos en el conjunto de los organismos comunitarios

.Esta estimación ha sido elaborada por el Gobierno español tomando como punto de referencia tanto el status que tendrá España en el seno de la CEE como el número de funcionarios que les corresponden a otros países. Según estos cálculos, el mayor número será copado por los de la denominada categoría A, a la que tendrán acceso entre 262 y 383 españoles.

En esta categoría existen ocho grados y engloba tanto a los representantes propuestos directamente por el Gobierno español (A1 y A2) -entre 17 y 26-, los de grado medio (A3, A4 y A5) -entre 175 y 257-, que, según el acuerdo inicial al que llegaron España y la comisión, deberían pasar un concurso de pruebas, y los de grado de base (A6, A7 y A8) -entre 73 y 1100-, que también serán seleccionados mediante concurso de pruebas.

La categoría designada con la letra B en la codificación comunitaria incluye a los ayudantes de los de grado A. En general, deben ser universitarios, aunque este requisito no es imprescindible. En ese grupo se incluyen estadísticos, ayudantes de laboratorio, etcétera. Desglosados en cinco grados diferentes, permitirán el acceso a la comisión de un número de funcionarios que oscilará entre 130 y 225 personas.

La categoría C es la reservada para cubrir los puestos de secretarias, en un número que puede variar entre los, 250 mínimo y los 329 máximo. Existen asimismo cinco grados en este escalafón.

A nuestro país le corresponderán entre 70 y 200 ujieres, ordenanzas y chóferes en la comisión de Bruselas, que quedarán incluidos en la categoría D, que a su vez se compone de cuatro grados diferentes. Por último, existe la identificada por la letra L, en la que se incluyen los traductores e intérpretes -entre 116 y 128 personas- Un pequeño número de éstos han sido los primeros seleccionados par cubrir puestos en la comisión, urgidos por la necesidad de tener que ir traduciendo al castellano toda la compleja maraña de normativas comunitarias.

Todos estos españoles pasarán a engrosar las nutridas filas de eurócratas en la Comisión Europea, cuyo número se encuentra en estos momentos cercano a los 10.000. Aproximadamente otros 300 o 400 funcionarios de nuestro país ocuparán puestos en las demás instituciones de las Comunidades Europeas (Parlamento, Consejo Económico y Social, Banco Europeo de Inversiones, etcétera).

Según el acuerdo bilateral al que llegaron España y la Comisión Europea en julio de 1984 -modificado luego de forma unilateral y sin el consentimiento español-, los A1 y A2, puestos políticos, deberían ser nombrados por la propia Comisión Europea a propuesta del Gobierno respectivo. En los demás casos habría que proceder a concursos de pruebas. En el caso de los A3, los aspirantes deben ser universitarios, tener una experiencia mínima de 15 años en instituciones públicas o privadas y una edad que oscile entre 36 y 50 años.

Los aspirantes a la categoría de A4 y A5, que también deben estar en posesión de un título universitario, han de justificar una experiencia profesional de 12 años y no superar los 50 años de edad. Éstos tendrán que ha cer frente a unas pruebas orales complementarias.

Tribunal comunitario

En cuanto a la categoría de los denominados grados de base, los A6 y A7 no podrán superar la edad de 38 años, que quedará reducida a 32 años para el caso de los A8. Los aspirantes para cubrir cualquiera de estos grados tendrán que realizar una prueba psicotécnica, así como realizar tres tipos de pruebas: desarrollar por escrito un tema en castellano ligado a la actualidad de la CEE, resolver un expediente comunitario y mantener con el tribunal una entrevista oral en alguno de los idiomas comunitarios.

Las candidaturas de los diferentes aspirantes son presentadas directamente en Bruselas. La institución comunitaria en la que hay que cubrir los puestos es la que nombra un jurado, que se encargará posteriormente de seleccionar las candidaturas y de examinar a los aspirantes.

La técnica habitual para dar a conocer la existencia de puestos libres en algunos de los organismos comunitarios es la de insertar anuncios tanto en el diario oficial de la CEE como en los diarios de mayor tirada de los países a los que va dirigido. Éste es el procedimiento que se ha seguido ya en España para cubrir un pequeño número de plazas de traductores.

Sin embargo, y mientras no se solucione el contencioso provocado tras la ruptura por parte de la Comisión Europea del acuerdo para seleccionar funcionarios españoles en la CEE, el Gobierno español no concederá autorización para que se inserten esos anuncios en la Prensa española, con objeto de evitar de este modo que puedan ratificarse unas condiciones lesivas para los candidatos españoles.