Los 100 días de Ardanza

TRAS SUS 100 primeros días de mandato como presidente del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza ha comparecido ante los ciudadanos para dar cuenta de su gestión y explicar sus proyectos. El llamamiento al diálogo, el esfuerzo por "rebajar la crispación" y "reducir la acritud" en la vida pública, el reconocimiento del carácter pluralista de la sociedad vasca, el logro de la estabilidad institucional mediante el pacto de legislatura con los socialistas, los planes para conseguir un relanzamiento industrial y combatir el paro, la realista admisión de la inevitable escasez de los recursos presupuestarios, la lucha contra la violencia y la defensa del Estatuto de Guernica fueron los principales puntos de un mensaje tan lejano de la autocomplacencia como cercano al lenguaje y a las preocupaciones del hombre de la calle. Las irregulares circunstancias de la dimisión forzosa de Carlos Garaikoetxea ensombrecieron la designación de Ardanza para sustituirle en la presidencia del Gobierno vasco. Pero si las conspiraciones palaciegas que derribaron a Garaikoetxea -sometido posteriormente a ese linchamiento moral de chismes y miserias con que la pequeña historia humilla habitualmente a los derrotados- empedraron de malos presagios su nominación, los 100 días inaugurales del nuevo lendakari arrojan un balance indiscutiblemente positivo.La polémica sobre la ley de Territorios Históricos, que afecta a la distribución de competencias y recursos presupuestarios entre las tres diputaciones provinciales y las instituciones autonómicas comunes, ofrece dimensiones estrictamente técnicas, pero también posee un trasfondo ideológico que remite a la discusión sobre la vigencia de las ideas de Sabino Arana. En este terreno, las posiciones de José Antonio Ardanza, ex diputado general de Guipúzcoa, se aproximan a la visión de una Euskadi confederal en cuyo seno los llamados territorios históricos -Vizcaya, Guipúzcoa y Álava en el presente, más Navarra y las tres demarcaciones vascas bajo soberanía francesa en un impreciso futuro- mantendrían un grado considerable de autonomía. Dejando al margen las implicaciones ideológicas de esa concepción descentralizadora del nacionalismo vasco, enfrentada con la primacía de las instituciones autonómicas comunes defendida por el sector de Garaikoetxea y por Euskadiko Ezkerra, es preciso reconocer que la apelación a las diputaciones, únicas titulares de esos "derechos históricos de los territorios forales" que la disposición adicional primera de la Constitución consagra, ha permitido al PNV y al Gobierno socialista encontrar una eficaz salida, a través de una enmienda a la ley de Bases de Régimen Local, para el enconado problema de la designación de los secretarios de ayuntamiento en el País Vasco.

La impresión de que la designación de José Antonio Ardanza formaba parte de una estrategia orientada a promover una alianza electoral entre el PNV y Alianza Popular, quedó rápidamente desmentida por el pacto de legislatura suscrito entre el Gobierno vasco y los socialistas. Ese acuerdo no sólo ha permitido desbloquear el empate de escaños dentro del Parlamento vasco, sino que ha abierto también esperanzadoras perspectivas para la culminación del proceso institucional en la comunidad autónoma. Mientras la Constitución de 1978 significó el final de la transición política para el resto de España, la aprobación en 1979 del Estatuto de Guernica no fue sino el comienzo de un trayecto que no ha llegado todavía a su destino. Es evidente que las instituciones de autogobierno sólo podrán desplegar enteramente sus potencialidades cuando asuman íntegramente las competencias estatutarias. Tal vez para salir al paso de las tentaciones centralistas del Gobierno socialista, el nuevo lendakari, que ha negociado eficazmente la reanudación del proceso de transferencias (paralizado durante más de dos años), ha recordado en su discurso que el Estatuto de Guernica -"el instrumento válido para la construcción de Euskadi"- es un acuerdo histórico que compromete por igual a la Administración central y a la comunidad autónoma, y cuyo contenido no puede ser ni burlado ni denigrado.

Para la normalización de Euskadi es imprescindible también que el pluralismo político, ideológico, cultural e idiomático de la sociedad vasca sea respetado adecuadamente por sus instituciones de gobierno y cristalice en hábitos de tolerancia en la vida pública. Por esa razón, merece la pena subrayar que el presidente Ardanza, cuyo nacionalismo se halla fuera de duda, haya criticado con energía cualquier reduccionismo sectario que trate de negar la condición de auténticos vascos a quienes no se identifiquen sentimental o teóricamente con el legado de Sabino Arana. "Aun siendo nacionalista", su Gobierno lo es de "todos los vascos"; "porque en.Euskadi hay gentes de ideologías diferentes, y todos ellos vascos".

Los inequívocos pronunciamientos de José Antonio Ardanza contra la violencia terrorista prueban que el pragmatismo y el sentido común, notas características de los gestores eficaces ("los políticos estamos para resolver problemas, no para airearlos o utilizarlos contra los demás"), pueden ser compatibles con esa actitud de defensa irrenunciable de los principios que distingue a los líderes con verdadero arraigo popular. Si el nuevo Iendakari ha llevado con realismo las negociaciones con el Gobierno socialista y ha exhibido un elogiable buen gusto al mantenerse a distancia de las enconadas disputas internas del PNV, sus llamamientos para acabar con la violencia -"es un problema de dignidad personal"- y para superar "la comodidad y el miedo" que impiden todavía a algunos dirigir contra los terroristas -"los peores enemigos de este país", ante cuyas atrocidades "sentimos vergüenza y asco"- una incondicional condena muestran también que José Antonio Ardanza dispone de esa fibra moral y ese coraje intelectual que dístingue a los políticos honrados.