Familiares de mineros muertos piden el procesamiento de un técnico
Los familiares de los ocho mineros fallecidos el 19 de noviembre de 1984 en Fabero (León), a consecuencia de una explosión de grisú, han solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada el procesamiento del capataz, facultativo de minas y jefe del tajo Bernardo Fernández Francisco, por considerar que es uno de los responsables de la catástrofe. La petición de procesamiento, que fue inicialmente planteada por el letrado Marc Viader en nombre de tres familiares, ha sido secundada por la Unión General de Trabajadores (UGT), que está personada en la investigación que se abrió sobre el caso, después de prestar una fianza de tres millones de pesetas.La solicitud de procesamiento de este técnico se planteó el pasado 29 de abril a raíz de las declaraciones prestadas ante el juzgado por Marisol Moreda, viuda del minero Tomás Abella, un líder sindical independiente de Fabero, que años atrás, cuando vivía en Barcelona, había tenido un papel importante en el movimiento sindical en la empresa Ossa. Tomás Abella, que sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo, pudo explicar a su esposa, antes de fallecer, cómo se produjo el siniestro. La viuda trasladó al juzgado la versión que sobre el incidente le relató su esposo.
Marisol Moreda explicó que la explosión se produjo cuando el electricista de la mina Manuel Tejón estaba, junto con su esposo, manipulando los mandos de un tablero desde el que se ponían en marcha los ventiladores. El electricista cumplía las órdenes que le había dado el técnico de minas Bernardo Fernández Francisco, quien había descubierto una avería en los extractores de grisú. Según esta versión, de aquel tablero eléctrico saltó una chispa, que causó una llamarada y la posterior explosión del grisú acumulado. La viuda declaró que el técnico de minas, que conocía los riesgos de una avería de este tipo, no tomó las precauciones usuales en estos casos, consistentes en medir el nivel del grisú y, en caso de peligro, hacer desalojar el pozo.
El juzgado de Ponferrada, que deberá examinar la petición de los familiares de las víctimas, procesó el pasado mes de diciembre al director técnico de la mina, Bernaldo de Quirós, a un vigilante del pozo y a un ingeniero, por un presunto delito de imprudencia al no tomar medidas de seguridad. El juzgado fijó a cada procesado una fianza de un millón de pesetas.
El letrado Marc Viader ha señalado que este accidente de la mina leonesa tiene gran similitud con el ocurrido en noviembre de 1975 en las minas de Figols (Barcelona), donde, por una explosión similar, murieron 30 mineros. Él mismo asumió entonces la defensa de los intereses de los familiares de los fallecidos y entabló una acción penal y laboral contra los responsables y propietarios de la mina.
