Una batalla de poder sobre el turismo

LA GENERALITAT de Cataluña ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto del pasado día 17 de abril que establece que la promoción exterior del turismo pasa a ser una competencia exclusiva de la Administración central. El decreto, que según medios gubernamentales establece una regulación para poner coto a lo que se califica de "extralimitaciones" de algunas comunidades autónomas, ha causado especial malestar en Cataluña, la primera región turística europea por volumen de visitantes.La Administración autonómica catalana ha desarrollado una política muy agresiva de venta de su oferta turística, y le ha dado excelentes resultados: en el último año el turismo en Cataluña supuso 2.500 millones de dólares en divisas para el Estado. En un momento de fundados temores en el sector por la contracción general de la demanda y, en particular, por las flojas expectativas de aluvión británico, la Generalitat ha realizado una fuerte ofensiva en el extranjero, y en los cuatro primeros meses del año, por ejemplo, ha estado presente en diez certámenes europeos distintos ofreciendo las peculiaridades de unas vacaciones en Cataluña. Ahora, como el recurso impide mantener esta línea de trabajo por lo menos hasta que no haya sentencia, las autoridades catalanas se han apresurado a anunciar que buscarán vías de financiación privada para mantener la presencia en los certámenes europeos y no comprometer las próximas temporadas.

El decreto recurrido establece que las campañas, de promoción en el extranjero que hagan las autonomías con cargo a los fondos públicos requieren una aprobación previa del Estado. Su propósito es que la Secretaría General de Turismo se encargue de toda la promoción en el extranjero, controlando el gasto, las campañas y los mensajes que se transmitan. Los hoteleros catalanes y la Generalitat sostienen que añadir un intermediario más reducir a la agilidad y la efectividad, y subrayan la incoherencia que supone hacerlo cuando las competencias sobre el sector están transferidas a las comunidades autónomas.

Pero en Cataluña también se considera que es agraviante el fondo político del decreto. Sus posibilidades turísticas no se consideraban debidamente servidas por las campañas que anteriormente organizaba la Administración central, y se considera indispensable poder hacer ofertas turísticas específicas parecidas a las que hacen algunas regiones extranjeras, los länder o los cantones en Europa. Para razonarlo, se señala que, por ejemplo, mientras la Administración española lleva varios años sin molestarse en participar en las ferias de París o Múnich sobre turismo de autocar, este es un tema vital para Cataluña por su proximidad a la frontera. Igual ocurre con la promoción del camping, muy débilmente trabajada desde las instancias oficiales, cuando para esta comunidad autónoma, con el 70% de las plazas de todo el país, resulta sencillamente fundamental. Al mismo tiempo, desde Barcelona se han levantado lamentaciones señalando que nunca le había preocupado a nadie que un cartel turístico llevara como único rótulo palabras como Sevilla o Canarias, y ahora la Dirección General de Promoción del Turismo se queja de que, junto a los nombres de las localidades catalanas o al de Cataluña, no se incluya explícitamente el de España.

Aunque todo este tema pueda parecer una batalla para dar argumentos a los amantes del victimismo político, los hoteleros catalanes estiman que la ofensiva normalizadora puede estar respondiendo a un desesperado intento de supervivencia de la Secretaría General de Turismo, una entidad que se resiste a desaparecer tras el flujo implacable de los traspasos a las comunidades autónomas, y que, por el contrario, ha incrementado su nómina de funcionarios y ha modernizado su sede trasladándose a un céntrico rascacielos de Madrid. Nuevamente sale a relucir con todo ello el malentendimiento del Gobierno socialista respecto al Estado de las autonomías, la descentralización de los servicios y la transferencia de funciones gestoras y fiscalizadoras a las instituciones autónomas. Son sus parlamentos quienes deben controlar la gestión de las competencias transferidas, y no las direcciones generales de la Administración central. Pero esta resistencia a ceder parcelas de poder y esta ridícula insistencia en que ni siquiera el turismo y su promoción comercial puedan quedar en manos de los Gobiernos autonómicos pone de relieve un mal más profundo: la falta de fe de muchos burócratas del centro en la Constitución que nos rige.