El 'caso Brouard'
El dirigente abertzale Santiago Brouard fue asesinado el 20 de noviembre de 1984 por dos desconocidos en su consulta de Bilbao. El 13 de diciembre, de 1984, el juez de Instrucción número 1 de Bilbao, Arturo González Yagüe, dirigió, a solicitud del fiscal encargado del caso, Emilio Valerio Martínez, dos oficios, uno al Ministerio de Defensa y. otro a la Comisaría General de Información, que depende del Ministerio del Interior.El oficio dirigido al Ministerio de Defensa pedía la dirección de los tres servicios de información militares y el cargo y graduación de las personas que estaban al frente de los mismos, con el fin, al parecer, de enviar a estos servicios nuevos oficios para la investigación.
El oficio dirigido a la Comisaría General de Información pedía que se comentaran y analizaran diversas hipótesis sobre los autores del asesinato, así como que se investigara y analizara a servicios de información del Estado, entre ellos el CESID y el de la Guardia Civil, sobre posible participación en el atentado o su eventual conocimiento previo del mismo.
El 28 de diciembre de 1984, el oficio dirigido al ministro de Defensa fue remitido por éste al ministro de Justicia, Fernando Ledesma. Ledesma confirmó a este periódico -ver EL PAIS de 23 de enero de 1985- que el ministro del Interior, José Barrionuevo, informó verbalmente al titular de Justicia sobre el oficio remitido a la Comisaría General de Información. Ledesma confirmó también a este periódico que los trasladó a Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado en funciones, ya que Burón Barba se encontraba de vacaciones. Conde Pumpido encauzó el problema hacia el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Bilbao, Fermín Hernández, lo que culminó con el relevo del fiscal encargado del caso, Emilio Valerio Martínez de Muniáin.
El miércoles día 9 de enero, el fiscal Emilio Valerio Martínez realizó unas declaraciones a Radio Bilbao en las que afirmó que el asesinato de Brouard se podía haber evitado y que determinadas personas o instituciones podían tener conocimiento del atentado. A raíz de esas declaraciones, la fiscalía le abrió un expediente disciplinario que culminó con una sanción por "falta leve".
También se denegó por el juez que Valerio Martínez declarara en el sumario, pero la acusación particular recurrió a la Audiencia Provincial de Bilbao. La. Sala Segunda de la Audiencia Provincial ordenó, con fecha 1 de abril de 1985, dada "la trascendencia del caso", que sí declarara Valerio Martínez.
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