El Gobierno mantendrá el decreto de incompatibilidades, pese al dictamen adverso del Consejo de Estado

El Gobierno piensa mantener el decreto sobre incompatibilidades de funcionarios, aprobado el pasado miércoles en Consejo de Ministros, pese a la oleada de protestas suscitada por este texto legal en los colegios profesionales y pese al dictamen adverso del Consejo de Estado, dijeron ayer fuentes próximas al Ministerio de la Presidencia. Estas fuentes recordaron que el dictamen del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Ejecutivo, no fue unánime, ya que se registró un voto particular que declaró "formal y sustantivamente correcto" el decreto.

Los medios gubernamentales consultados admitieron que una votación unánime de los miembros del Consejo de Estado hubiera hecho "difícilmente sostenible" el decreto. Pero, al no haberse registrado unanimidad, existe suficiente fundamentación jurídica, a juicio de los expertos del Ministerio de la Presidencia, para mantener el texto legal con posibilidades de éxito frente a los recursos anunciados por los colegios profesionales.El voto particular, suscrito por el consejero Antonio Sánchez del Corral, desestima la fundamentación jurídica del dictamen suscrito por sus nueve compañeros en el Consejo de Estado, y formalmente aducido por el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol Rius. Esta fundamentación alude al artículo 2, párrafo 2, de la Ley de Colegios Profesionales de 13 de febrero de 1974, que prescribe la consulta a los colegios que resulten afectados por una normativa como la presente sobre incompatibilidades de funcionarios.

Sin embargo, Sánchez del Corral alega que la Ley de Colegios Profesionales, promulgada bajo el anterior Régimen, "es consagración de un riguroso corporativismo", y significa una "interferencia en el proceso de elaboración de todas las normas generales", por lo que "pugna con el espíritu de la Constitución y con el contenido ordenador de sus disposiciones". Siempre según el voto particular de Sánchez del Corral, alegado por el Gobierno como motivo para mantener el decreto aprobado el pasado miércoles, "si algún asunto hay en el que deba reconocerse a la Administración competencia exclusiva, dentro del obligado respeto a la ley, para ejercer la potestad reglamentaria sin tener que contar con opiniones ajenas, parece que ha de ser éste el de la función pública".

Por su parte, el diputado socialista Justo Zambrana, experto en administraciones públicas del PSOE, declaró ayer, refiriéndose al dictamen del Consejo de Estado y a la posición mantenida por algunos colegios profesionales: "Es increíble la fuerte resistencia corporativa que existe en muchos sectores de nuestra sociedad y el trabajo que cuesta modernizar nuestras estructuras". Zambrana recalcó que el Gobierno está obligado a someter una serie de decretos a la consideración del Consejo de Estado, pero no está obligado a acatar sus dictámenes.

Fuentes gubernamentales subrayaron ayer que, tras el dictamen negativo del Consejo de Estado, se encuentran los trabajos jurídicos elaborados por los letrados de este órgano consultivo, muchos de ellos afectados por el régimen de incompatibilidades entre funciones públicas y privadas regulado por el decreto. El caballo de batalla que se encuentra en el fondo de la polémica suscitada por el decreto de incompatibilidades reside en el párrafo 4 del artículo 10 del texto aprobado por el Consejo de Ministros: "Los jefes de unidades de recursos y los funcionarios que ocupen puestos de trabajo reservados en exclusiva a cuerpos de letrados" serán declarados incompatibles con el ejercicio de la abogacía, lo mismo que "los letrados de la Banca oficial, instituciones financieras, organismos, entes y empresas públicas, salvo que su puesto de trabajo fuera de dedicación a tiempo parcial o de carácter temporal". El mismo párrafo agrega que "en ningún caso podrán actuar en defensa de intereses privados frente a la Administración o en asuntos que se relacionen con las competencias de banco, institución, empresa u organismo en que presten sus servicios".

Adversarios de la ley

Los letrados del Consejo han sido citados en diversas ocasiones por fuentes gubernamentales como algunos de los "principales adversarios" del régimen de incompatibilidades. Entre los letrados de este cuerpo se encuentran los ex ministros José Luis Villar Palasí, Ignacio Bayón y Federico Silva Muñoz; en excedencia figuran, entre otros, Landelino Lavilla -actualmente consejero permanente de Estado- y Miguel Herrero de Miñón. Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona ha solicitado la excedencia hace varias semanas. Todos ellos resultarán igualmente afectados con el decreto, de próxima aprobación en el Consejo de Ministros, mediante el cual se unificarán los cuerpos de letrados al servicio del Estado (abogados del Estado, letrados del Consejo de Estado, letrados del Ministerio de Justicia, y letrados de la Dirección General de Registros y del Notariado).La incompatibilidad prevista en el artículo 10, párrafo 4, para el ejercicio de la abogacía privada en determinados casos constituye la principal fuente de ataques procedentes del Consejo General de la Abogacía: "¿Qué justificación puede encontrarse para prohibir, por ejemplo, al abogado de una empresa estatal que, fuera de su jornada laboral, se ocupe de resolver asuntos matrimoniales o asesore a clientes particulares sobre arrendamientos urbanos?", dice la nota oficial emitida el miércoles por Antonio Pedrol, poco después de conocerse la aprobación del decreto por el Consejo de Ministros. Paralelamente, la Organización Médica Colegial, que preside el doctor Ramiro Rivera, emitió ayer un comunicado en el que "declina toda responsabilidad en la falta de asistencia que se pueda derivar del desarrollo del decreto de incompatibilidades". La OMC anuncia su intención de recurrir el decreto "con expectativas de que se pueda entender como un caso de nulidad de acto por vicio de forma".

Aunque se mantiene, con carácter general, la fecha de ayer, 24 de abril de 1985, como plazo límite para ejercer el derecho de opción para aquellas personas que desempeñan dos actividades públicas, el decreto aprobado el pasado miércoles por el Gobierno establece algunas modificaciones en lo que respecta a otros colectivos. Así, para todos aquellos funcionarios afectados por el nuevo sistema de retribución que señala la Ley de Presupuestos Generales, se designa un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley. En el caso del personal docente, deberán ejercer el derecho de opción antes del 30 de junio, si bien sus empleos son compatibles hasta el 30 de septiembre. En el caso del personal sanitario, deberán optar entre el 1 de octubre y el 1 de enero de 1986, sólo si uno o los dos puestos de trabajo son a jornada completa.