El Consejo de Estado pide prórroga para los incompatibles

B. DE LA C.En el dictamen emitido por la comisión permanente del Consejo de Estado respecto al proyecto de decreto sobre incompatibilidades, los consejeros han sugerido al Gobierno una disposición urgente que prorrogue el momento en que comenzará a producir efectos directos la ley, iniciativa que fuentes jurídicas relacionan con las propias incompatibilidades de la casa. En el seno del Consejo de Estado se han producido recientemente resistencias a la aplicación de las incompatibilidades a sus letrados.

Como adelantó este periódico (veáse EL PAIS del 18 de marzo pasado), en el seno del Consejo de Estado se han producido reticencias hacia la aplicación de la ley de incompatibilidades, que afecta a varios de sus letrados, entre ellos los ex ministros de Franco Jesús Romeo Gorría, José Luis Villar Palasí y Federico Silva Muñoz, además del ex ministro centrista Ignacio Bayón Mariné.

Aunque los consejeros permanentes, dado su carácter vitalicio -con el que la Administración socialista considera conveniente terminar-, no resultan afectados por la ley, sus vinculaciones personales con los letrados y la propia estimación de la importancia del trabajo que desarrollan les ha conducido a hacer causa común con ellos. Entre los argumentos utilizados destaca que, en aplicación de la ley, y dado que los sueldos son de unas 170.000 pesetas mensuales, la mayoría de los afectados se verán forzados a optar por el otro puesto que desempeñan, con lo que se empobrecería el nivel jurídico del Consejo de Estado hasta tanto se cubran adecuadamente las vacantes.

El dictamen emitido por la comisión Permanente, presidida por Antonio Hernández Gil, además de acordar devolver el expediente hasta tanto se complete con los informes de los colegios profesionales y de la Comisión de Coordinación de la Función Pública, contiene el siguiente párrafo: "No desconoce, finalmente, este Consejo de Estado que se encuentra próxima la fecha prevista en la ley de Incompatibilidades en la que perderán eficacia los reconocimientos de compatibilidad existentes con anterioridad a la misma. Por ello parece podría ser oportuno aprobar alguna disposición de carácter urgente que prorrogue el momento en que comenzará a producir efectos directos la ley".

El Consejo de Estado se rige por su ley orgánica, de 22 de abril de 1980, que lo configura como "supremo órgano consultivo del Gobierno" que velará por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y "valorará los aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines".

Como regla general, los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario.