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El Casino Gran Madrid se querella contra el alcalde de Torrelodones

El Juzgado de El Escorial ha aceptado a trámite la querella criminal presentada por el Casino Gran Madrid, SA, contra el alcalde de Torrelodones, Serapio Calvo, por un presunto delito "de intervención en empresas privadas con móvil de lucro, prevaliéndose de su cargo público" según indica la querella, basada en el artículo 198 del Código Penal.

El alcalde de Torrelodones es dueño de una empresa de instalaciones eléctricas, Instalaciones Calvo, que realizó para el casino diversas instalaciones eléctricas.La querella, dirigida por el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat, acusa a Serapio Calvo de imponer al Casino Gran Madrid los contratos de realización de las múltiples instalaciones eléctricas que desde 1981 hasta mediados del pasado año se realizaron en el casino. Según indica el texto de la querella, durante ese tiempo Casino Gran Madrid obtuvo con normalidad las licencias que solicitaba del ayuntamiento.

A mediados de 1984 se produjo una ruptura en las relaciones casino-Ayuntamiento a causa del deseo de la sociedad de convertir 450 millones de pesetas de sus beneficios en capital social. La Comisión Nacional del Juego consideró la operación como una ampliación de capital por lo que le obligaba a dar una participación al Ayuntamiento. Al haber condicionado la sociedad su ampliación de capital a que la comisión no le exigiera ningún requisito, decidió desistir de la operación, lo que provocó la consiguiente protesta del Ayuntamiento.

Como consecuencia de la ruptura de las relaciones, dice la querella, el alcalde adoptó una posición considerada "de obstrucción y lesión para el casino". Según los demandantes, a partir de entonces se produjeron denegaciones de licencias correctamente solicitadas, silencios municipales ante peticiones y proyectos y dificultades para conseguir autorizaciones de apertura referidas a determinadas actividades.

Según la demanda, la situación se hizo especialmente difícil cuando el Casino Gran Madrid recurrió las ordenanzas municipales aprobadas por el Ayuntamiento de Torrelodones por las que se obliga al casino a subir sus tarifas de entrada un 40%. Éste se negó a pagar y recurrió las ordenanzas.

La subida de tarifas de acceso de 400 a 500 pesetas desde el pasado mes de marzo no se trata, según fuentes de la sociedad, de la aplicación de las ordenanzas sino de un reajuste para adecuar sus precios al resto de los casinos.

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