Lluch estima que se podrán practicar abortos en la Seguridad Social

El ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch, se mostró ayer satisfecho con respecto a las garantías sanitarias que introduce la sentencia del Tribunal Constitucional para llevar a efecto la interrupción del emb arazo en los tres supuestos que contempla la ley. Asimismo realizó una aproximación a lo que puede considerarse como gratuidad del aborto cuando se realice en los centros de la Seguridad Social. Por su parte, Javier Sáenz Cosculluela, portavoz del Grupo Socialista del Congreso, señaló ayer que las enmiendas del PSOE a la ley del aborto introducirán la consideración de los daños en la salud psíquica de la madre y no sólo en la física."Esta sentencia sanitariza y tecnifica la ley; se pide una participación directa o indirecta del sector público con la acreditación de centros, lo que es altamente positivo", manifestó Lluch.

"Con la sentencia se va a dar una mayor seguridad a las mujeres que elijan voluntariamente interrumpir el embarazo por las razones que contempla la ley", afirmó el titular de Sanidad. Desde su ministerio se ha elaborado un informe técnico-sanitario en el intento de abarcar las conclusiones del Tribunal Constitucional. "Con la acreditación de centros hospitalarios se va a acabar con las clinicuchas", concluyó Ernest Lluch.

Por otra parte, la Junta de Portavoces del Congreso dio ayer el visto bueno a la propuesta del presidente Gregorio Peces-Barba, sobre la forma de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, se enviará la ley a la Comisión de Justicia e Interior, previa presentación de enmiendas para seguir un proceso similar al de cualquier ley. El plazo de presentación de enmiendas se abrirá a partir de hoy, y durante ocho días, una vez que ha sido publicada la sentencia en el Boletín Oficial de las Cortes.

Tan sólo el nuevo portavoz del Grupo Mixto, el comunista Fernando Pérez Royo, mostró sus reservas a uno de los puntos establecidos por Peces-Barba: la imposibilidad de presentar enmiendas a cuestiones que no vayan encaminadas estrictamente al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Dos posibilidades

El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, afirmó ayer en Roma que la reciente sentencia "ofrece la posibilidad de que haya una nueva ley o de que se modifique la actual". Al comentar el fallo, señaló que "es lógico que se discutan las sentencias del Tribunal Constitucional cuando afectan a partidos o a instituciones, o cuando el caso tiene interés nacional. Como con todo, se puede hacer de esta discusión un uso discreto o un abuso." En este caso, a su juicio, no se ha producido abuso, informa Efe.Al referirse a la relativa frecuencia con que se recurre al Tribunal, García Pelayo declaró que "la parte que acude está en su legítimo derecho, pero, una insistencia en este procedimiento traería como consecuencia un bloqueo del tribunal y haría que que éste entrase demasiado en la polémica política de la que debe permanecer distante".