La manipulación política de un problema de conciencia

No quería entrar en el debate creado en torno a la cuestión de la despenalización del aborto, pues el tema levanta tales apasionamientos, que incluso las mentes más científicamente estructuradas no pueden evitar esgrimir sus más subjetivos argumentos. Cualquier tesis, que se sustente será diversamente interpretada y acarreará al autor encarnizados detractores o apasionados defensores.Antes de entrar en el tema quisiera dejar bien claro que lo que voy a escribir refleja única y exclusivamente mi propia opinión, no la del colectivo hospitalario al que pertenezco. Quisiera también dejar constancia de mi absoluto respeto a cualquier persona con opinión contraria a la mía.

La primera falacia que suele producirse cuando se habla del aborto es la exigencia de una postura en pro o contra de aquél. Ningún ciudadano consciente puede estar en pro del aborto. Estará en pro de la legislación, de la despenalización o incluso de la liberación absoluta, pero ello no significa lo mismo que estar en pro del aborto.

Tampoco puede olvidarse que en nuestro país, según datos muy difícilmente comprobables, se supone que abortan clandestinamente unas 400.000 mujeres al año, o, si se prefiere, viajan a Londres unas 20.000 mujeres al año para ser sometidas a una interrupción del embarazo. Ello, representa una clara diferencia entre aquellas que pueden procurarse la seguridad de un aborto realizado en condiciones sanitarias correctas, de la inmensa mayoría que es sometida a una picaresca paramédica o médica con grave riesgo para su salud.

Si a estos presupuestos añadimos un principio básico de entendimiento entre ciudadanos demócratas, cual es el de que las leyes no están para garantizar exclusivamente una determinada moral, sino para salvaguardar el bien común, penalizando a las personas. que sean un peligro grave para la sociedad, no creo que las mujeres, que hasta el momento presente debían recurrir al aborto, deban ser tratadas como delincuentes, máxime que incluso en el Código Penal se halla vigente la figura del aborto honoris causa, es decir, realizado para preservar el honor de la madre, y que sólo está penado con un mes y un día, pena irrisoria comparada con la que arrastra el llamado aborto criminal.

Me parece, pues, una hipocresía, considerar que la prohibición actual del aborto no plantea ningún problema. Aunque una mínima ojeada más allá de los Pirineos nos obliga a reconocer que no es posible que nuestros vecinos franceses, ingleses, italianos, daneses, luxemburgueses, holandeses o alemanes no puedan ser todos ellos unos simples asesinos (por utilizar la palabra que los destacados antiabortistas emplean), sino que simplemente han intentado resolver más o menos afortunadamente el problema social del aborto, con excepción de Irlanda o Bélgica.

Es lógico, por lo tanto, que en España la legalización del aborto presenta para un sector de la ciudadanía importantes reservas éticas.

Plazos y premisas

El Estado pluralista debe buscar una vía adecuada para resolver esta cuestión. El proyecto socialista contempla, como todo el mundo sabe, la posibilidad de interrupción de embarazo basándose en unos plazos y unas premisas.

-Terapéuticas: grave peligro para la vida o salud de la gestante.

-Éticas (tras la violación previamente denunciada).

-Eugenésicas: feto afecto de graves taras físicas o psíquicas.

Los plazos admitidos son las 12 primeras semanas para las dos primeras condiciones, y 22 semanas para la tercera.

Cualquier ginecólogo sabe cuán difícil es delimitar honradamente si un embarazo realmente puede representar un grave daño a la salud mental de la embarazada.

Tampoco es fácil encontrar centros suficientemente utillados y experimentados para practicar una amniocentesis y consiguiente estudio genético que permita descubrir alteraciones cromosómicas. También conocemos que en todo coito inesperado, medie o no violencia, si se administra una dosis oral suficiente de estrógenos-progestágenos dentro de las 36 primeras horas, puede evitarse la anidación del óvulo en caso de fecundación, sin tener que recurrir a la interrupción mecánica del embarazo.

Como simple ciudadano, no deja de llamarme la atención la terrible manipulación que la política ejerce sobre leyes que tratan temas individuales como la relación de cada persona con su conciencia, ética, Dios o religión.

El ciudadano que intenta ser justo en su ética social y vive en un país donde el desempleo crece, las viviendas insalubres son la norma en las grandes ciudades, el subsidio y apoyo social y económico a la madre soltera es nulo..., es decir, vive en un país que indirectamente induce al aborto -es el catalogado por M. Barberlo "Estado proabortista" (II Jornadas italo-franco-luso-españolas de Derecho Penal, 1981)-, debe reconocer que es imposible juzgar y castigar al que debe recurrir a la interrupción del embarazo como mal menor.

Para todo ginecólogo que sienta su especialidad, la interrupción de un embarazo nunca será un acto gratuito, siempre desagradable. Nuestra especialidad nos hace luchar por la vida, es lógico por tanto lo que se oye exclamar a algunos ginecólogos: "Yo estoy por la legalización, pero no voy a practicar interrupciones... Opino que esta frase resume mi conclusión. La despenalización era una llamada más al respeto entre ciudadanos de diversas tendencias, creencias y políticas; siempre que se respete la objeción de conciencia, la ley no obliga a nadie y resuelve, aunque parcialmente, un problema social.