El Gobierno regional exige el desalojo inmediato de un colegio de Palomeras

La Consejería regional de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda ha enviado a la sociedad Santa María de los Pinos una notificación exigiéndole que abandone el colegio y guardería que posee en la calle Villalobos, en el barrio de Palomeras Sureste, antes del día 18. La sociedad se niega a esta expulsión, pues no ha cobrado más que seis millones de pesetas por 2.500 metros cuadrados de construcciones que la propia Administración, en un trámite de expropiación, había valorado en 1979 en 40 millones.

La sociedad Santa María de los Pinos fue formada por profesores del colegio que se construyó hace 15 años en unos terrenos de los hermanos Santos, propietarios de varios solares en la zona. Según explicó Rafael Burgos, abogado de la sociedad, como los propietarios no podían construir viviendas por no estar aprobado el plan de ordenación, "aceptaron la petición del obispado de instalar una parroquia, a cuyo alrededor se levantaron una guardería, un colegio y un taller, siempre con conocimiento de los propietarios".

En 1978 se aprobó el plan de ordenación y se creó una Junta de compensación. Los hermanos Santos aportaron éstos y la Administración inició un trámite de expropiación de las construcciones. "En 1984, y por primera vez de forma oficial, nos dice la Administración que se nos va a expropiar y que han valorado las construcciones en 36 millones y en cuatro el cese de la actividad", dice Burgos. "Aceptamos y nos trasladamos a unos locales públicos en el mismo barrio, donde continuamos dando clase a 500 niños".

Tasaciones dispares

Sin embargo, el pago de las indemnizaciones se demoró y poco después la Consejería de Ordenación del Territorio informaba a la sociedad que no estaba de acuerdo con los trámites seguidos por la Administración central, por lo que abrió un nuevo período de valoración por arquitectos de los propietarios del terreno, de la sociedad del colegio y de la comunidad autónoma. El primero tasó las construcciones en ocho millones de pesetas, el segundo en más de 40 millones y el tercero en 23 millones. En marzo último la Comunidad informaba a la sociedad que el expediente expropiatorio había sido suspendido, hecho que, según Burgos, es ilegal, por lo que se presentó recurso. "Ahora exigen que nos marchemos. Si derriban el colegio, nadie podrá hacer ya una tasación. Eso sin contar con que hemos cobrado sólo seis millones, no hay acuerdo sobre la valoración y estamos de prestado en unos locales de los que nos pueden echar en cualquier momento" declaró el abogado.