Un conflicto ligado al 'cambio'

tema del aborto fue uno de los que el Partido Socialista Obrero Español esgrimió en la campaña de las elecciones de octubre de 1982. En enero de 1983, ya con Gobierno socialista, el ministro de Sanidad, Ernest Lluch, declaró inminente la reforma. El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, lo consideró un tema de máxima urgencia y lo incluyó en el primer paquete de medidas de reforma del Código Penal. El 2 de febrero el Gobierno remitió a las Cortes el proyecto de ley de despenalización limitada, comprendida en el seno de la reforma del Código Penal. En marzo, a petición de la oposición, se desglosa del resto de la reforma del Código y se tramita por el procedimiento ordinario, perdiendo así el carácter de urgencia.El 23 de marzo se publicó el proyecto, que sorprendió por su moderación. Se presentaron un total de 20 enmiendas: seis del Grupo Popular, cuatro de Euskadiko Ezkerra, tres del Grupo Centrista, tres de la Minoría Catalana y dos del Partido Comunista de España. El texto fue considerado insuficiente por los sectores progresistas y provocó la oposición de los conservadores. El Grupo Popular anunció su propósito de presentar recurso de inconstitucionalidad.

El 6 de octubre de 1983 el Congreso de los Diputados aprobó la ley por 186 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones. Votaron a favor los socialistas y tres diputados de la Minoría Catalana. Se abstuvieron los comunistas y el representante de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés. Votaron en contra el Grupo Popular, los centristas, la Minoría Vasca y el resto de los integrantes de la Minoría Catalana.

De las 20 diputadas, 16 socialistas lo hicieron a favor; dos populares y dos del PNV, en contra. Se produjeron 48 ausencias, entre ellas las de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. El 7 del mismo mes se remitió el texto al Senado, que el 30 de noviembre lo aprobó sin modificaciones.

Admisión del recurso

El 11 de diciembre, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso previo presentado por 45 diputados del Grupo Popular, basado en la infracción de nueve artículos de la Constitución, especialmente del 15, que dice que "todos tienen derecho a la vida". Según el artículo 79.2 de la ley orgánica del Tribunal, la promulgación de la ley se paralizó. En junio de

1984 el Grupo Popular concluyó la tramitación del recurso previo de inconstitucionalidad.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional aprobó una sentencia según la cual no es delito abortar en el extranjero, por lo cual no podrá ser castigado en España. Esta sentencia anulaba dos sucesivas de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en sentido contrario. En julio de 1984, el tribunal anunció el aplazamiento de la sentencia sobre la ley. El 26 de marzo de 1985, al menos la mitad de los magistrados del tribunal se pronunció contra el proyecto de ley y aplazó por 10 días, prorrogables otros 30, la decisión definitiva. Ese mismo día Alfonso Guerra afirmó que en caso de una sentencia desfavorable "habría que poner en marcha la máquina de hacer indultos".