El Gobierno estudia concesiones a los jueces sobre la elección parlamentaria del Consejo General

El Gobierno estudia una fórmula que permita suavizar la tensión existente entre el PSOE y la mayoría de la carrera judicial como consecuencia del contenido de la futura ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que podría consistir en el aplazamiento hasta la próxima legislatura de la elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La fórmula, que podría concretarse en una disposición adicional a la ley, permitiría prolongar hasta entonces el mandato del actual CGPJ, al que correspondería, en ese caso, sustituir a los 136 magistrados que se jubilarán el 1 de enero de 1986, y acaso a los 61 que lo harán en dicho año.

La medida es estudiada detenidamente por altas instancias del PSOE, que calculan meticulosamente su repercusión precisamente ante el riesgo de que la renovación de la parte más vetusta de la cúpula judicial quede en manos del actual Consejo General, mayoritariamente controlado por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).La cúpula socialista valora como uno de los elementos funda mentales de la operación la eventual anticipación de las elecciones legislativas. En este supuesto, la prórroga del mandato del actual órgano de gobierno del poder judicial resultaría sensiblemente acortada, por lo que apenas tendría tiempo para efectuar los nombramientos de nuevos magistrados. Simultáneamente, al PSOE le podría resultar políticamente rentable el gesto de trasladar a las próximas Cortes la elección de la totalidad de los vocales del CGPJ.

El mandato del Consejo General del Poder Judicial concluye en octubre de 1985. Tres meses antes ha de convocarse la elección de los 12 consejeros de procedencia judicial por el vigente sistema. Sólo si la nueva ley se encuentra en vigor antes de que se convoque esta elección, en julio próximo, la renovación podrá llevarse a cabo por el nuevo sistema. Pero para ello será preceptivo que haya concluido la tramitación parlamentaria del proyecto de LOPJ -recientemente aprobado en el Congreso de los Diputados- y que éste no haya sido objeto de un recurso previo de inconstitucionalidad, que paraliza la publicación en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, la entrada en vigor de la norma recurrida.

En medios socialistas se estima que la inclusión en el Senado de una disposición adicional en el texto de la LOPJ que aplazara la elección parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ hasta la próxima legislatura es la fórmula más adecuada y con menor coste político.

La cúpula de gobierno del PSOE cree que esta iniciativa puede contribuir a pacificar la tramitación de esta ley y a restar argumentos a la oposición frontal que está realizando a la misma el Grupo Popular. El presidente del Gobierno dio su consentimiento a la introducción de la elección parlamentaria del CGPJ con la condición de que se obtuviera un amplio respaldo parlamentario para la LOPJ. El objetivo inicial del Grupo Socialista fue aislar al grupo de Fraga. Sin embargo, en la votación final del Pleno de¡ Congreso sólo los diputados del CDS y de Euskadiko Ezkerra apoyaron a los socialistas.

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