El PSOE estudia vías para rebajar la tensión con los jueces

El Gobierno estudia una fórmula que permita suavizar la tensión existente entre el PSOE y la mayoría de la carrera judicial como consecuencia del contenido de la futura ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y en especial de la elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Altos cargos socialistas analizan la posibilidad de aplazar este nuevo sistema de elección hasta la próxima legislatura y prolongar hasta entonces el mandato del actual consejo, al que correspondería, en ese caso, sustituir a los 136 magistrados -12 de ellos del Tribunal Supremo- que se jubilarán el 1 de enero de 1986 y probablemente a los 61 -nueve del Supremo- que lo harán durante dicho año.

El riesgo de que la renovación de la parte más vetusta de la cúpula judicial quede en manos del actual Consejo General del Poder Judicial, cuya mayoría se encuentra controlada por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es objeto de meditación para los socialistas, que calculan meticulosamente la repercusión de la medida. Uno de los elementos significativos que se incluye en este análisis es la posible anticipación de las elecciones legislativas.En caso de producirse este adelanto, la prórroga del actual órgano de gobierno del poder judicial resultaría sensiblemente acortada y apenas le daría tiempo para efectuar los nombramientos de nuevos magistrados, mientras que al Partido Socialista Obrero Español le compensaría capitalizar políticamente ahora el gesto de dejar para las próximas Cortes la elección parlamentaria de la totalidad de los vocales del CGPJ.

De acuerdo con su vigente ley reguladora, el mandato del Consejo General del Poder Judicial concluye en octubre de 1985, y tres meses antes ha de convocarse la elección de los 12 consejeros de procedencia judicial por el vigente sistema. Sólo si la nueva ley se encuentra en vigor antes de que se convoque esta elección, en julio próximo, la renovación podrá llevarse a cabo por el nuevo sistema.

Para ello será preciso que haya concluido la tramitación parlamentaria del proyecto de LOPJ y que éste no haya sido objeto de un recurso previo de inconstitucionalidad -cuya supresión aún no ha sido autorizada por el Tribunal Constitucional-, que paralizaría su promulgación.

"Un regalo" para la oposición

Una disposición adicional que aplazara la elección parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ hasta la próxima legislatura es la fórmula que se abre paso en medios socialistas como favorable a la distensión con la judicatura, además de poco costosa políticamente.

Según una alta fuente socialista, si se tiene en cuenta que los conservadores aseguran que vencerán al PSOE en las próximas elecciones, la medida podría plantearse como "un regalo" a la futura mayoría parlamentaria, mientras que la elección en las postrimerías de la actual legislatura suscitaría, junto a las críticas por su supuesta inconstitucionalidad, la acusación al PSOE de pretender utilizar, una vez más, el rodillo.

Esta iniciativa -unida al principio de acuerdo con el PNV para obtener su apoyo a la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Senado- puede contribuir a pacificar la tramitación de esta ley y a restar argumentos a la dura oposición del Grupo Popular. El presidente del Gobierno, Felipe González, dio su consentimiento a la introducción de la elección parlamentaria del CGPJ con la condición de que se obtuviera un suficiente respaldo parlamentario para la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El apoyo de las minorías

El objetivo inicial del Grupo Socialista fue aislar al grupo de Fraga en su defensa de intereses judiciales corporativos. Sin embargo, en la votación final del Pleno del Congreso sólo los diputados del CDS y de Euskadiko Ezkerra apoyaron a los socialistas.

Cara al próximo debate en el Senado, el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, y el propio Felipe González han dado su conformidad a una disposición que asegure el ejercicio de las competenciás atribuidas en materia de justicia a la comunidad autónoma vasca en el Estatuto de Guernica. Salvando otras discrepancias, esta disposición será suficiente para asegurar el apoyo del Partido Nacionalista Vasco a la LOPJ.

Más difícil se presenta la negociación con la Minoría Catalana, que se encomendará al diputado socialista catalán Eduardo Martín Toval.

Por otra parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol, ha sido mandatado para mediar en favor de una fórmula de este tipo, sobre la base de mitigar las tensiones institucionales y partiendo de que el nuevo sistema de elección del CGPJ es ya "irreversible", según dijo.

Según los tanteos realizados por las altas fuentes socialistas consultadas por este periódico, un aplazamiento de la elección parlamentaria de los 20 vocales del órgano de gobierno del poder judicial contribuiría a suavizar la dureza con que el principal grupo de la oposición y ¡a mayoría de la carrera judicial rechazan el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que existen otras cuestiones -como el acceso a la judicatura sin oposición y el adelanto de la edad de jubilación de los magistrados- que han suscitado la reacción de estos colectivos.

Precisamente, ante las primeras jubilaciones que se producirán en 1986, que afectarán a 21 de los 74 magistrados del Tribunal Supremo (casi el 30%), a seis de los 41 magistrados del Tribunal Central de Trabajo (casi el 15%), hasta un total de 197 magistrados y jueces, según una disposición transitoria del proyecto de LOPJ, la Asociación Profesional de la Magistratura ya había comenzado a mover sus peones, habida cuenta la mayoría con que contaría en el consejo encargado de efectuar los nombramientos de los nuevos magistrados, que tendría por delante cinco años de mandato.

En cambio, si se prorroga hasta la próxima legislatura el actual consejo -en el que también tiene mayoría la APM-, la inminencia del regreso al ejercicio profesional de los consejeros que son jueces y magistrados pesará en su ánimo a la hora de decidir los relevos, según las fuentes citadas.