Numerosas irregularidades en la auditoría de la Organización de Trabajos Portuarios

La falta de justificantes de gastos en los servicios centrales del organismo, así como la existencia de cuatro contabilidades separadas y el incumplimiento de las normas de contabilidad vigentes, son algunas de las conclusiones de la auditoría de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), una de las calificadas por Felipe González como de infarto, y que, según fuentes del citado organismo, "si no de infarto, por lo menos de susto, lo es". La auditoría refleja, no obstante, que en los últimos meses se aprecia una mejora en la gestión.

El organismo autónomo Organización de Trabajos Portuarios (OTP) ha llevado cuatro contabilidades distintas y separadas: la denominada de fondos presupuestarios, la de fondos de gestión, los fondos de asistencia social voluntaria y la correspondiente a la gestión de los pagos de la Seguridad Social de los estibadores. Según el informe realizado por la Intervención General de la Administración del Estado, los estados contables presentados por la OTP al Tribunal de Cuentas "no representan adecuadamente la situación económica, financiera y patrimonial del organismo". Como primer dato, el informe subraya que no aparecen reflejadas las operaciones económicas y los activos y pasivos, derivados de ellas de los fondos de gestión concepto que engloba la actividad que la OTP realiza en su intermediación entre las empresas portuarias y los estibadores. La OTP se encarga de cobrar a las empresas de estiba por los servicios portuarios y pagar posteriormente a los trabajadores. Estas operaciones no aparecen en la contabilidad que el organismo presenta al Tribunal de Cuentas. A título orientativo, baste señalar que en las cuentas rendidas por la OTP aparecen pagos de poco más de 1.500 millones, mientras que los vinculados a los fondos de gestión -es decir, los pagos que la OTP realizó por su tarea de intermediación- superarían los 13.000 millones de pesetas.

En el examen realizado en cada gerencia de la OTP -las delegaciones provinciales de la OTP- se observan asimismo irregularidades en muchas de ellas. Y el dictamen es; desfavorable en Cádiz y Valencia. De la primera de estas gerencias se dice que ingresos procedentes de la explotación de bienes patrimoniales se han venido sustrayendo a la contabilidad incluso de Fondos de Gestión, habiéndose gastado al margen de la normativa financiera más de seis millones de pesetas en el período comprendido entre enero de 1977 y junio de 1983. Y algo más de ocho millones de intereses bancarios se gastaron en la forma aquí denunciada. Situación muy similar a la de Santa Cruz de Tenerife, en la que se gastaron con cargo a intereses casi 10 millones de pesetas.

Mala aplicación de fondos

El informe denuncia también la aplicación de fondos a finalidades distintas de aquella a que estaban afectados. En la gerencia de Valencia, con cargo a la cuenta del IRPF, se realizaron pagos a los estibadores en concepto de pagas extraordinarias y vacaciones por importe de 3,3 millones y 4 millones, respectivamente. Otros 20 millones de esta cuenta fueron detraídos con destino a la cuenta del fondo de Asistencia Social Voluntaria, donde fueron empleados en la compra de certificados de depósito. Por lo que se refiere a los servicios centrales de la OTP, además de las peculiaridades contables, existen, según el informe, deficiencias justificativas de gastos. "Quizá por las deficiencias contables", dice el documento, "en algunos casos se abrieron cuentas bancarias por conceptos específicos de gastos", que no parecen haber cumplido sus objetivos iniciales. Los pagos efectuados a través de estas cuentas son considerados "dudosos" por los autores de la auditoría. Concretamente, se indica que "resulta especialmente extraño y con indicios de irregularidad la transferencia de dos millones de pesetas a una cuenta del Banco Rural y Mediterráneo bajo el título Atenciones generales del Ministerio de Trabajo, en que no consta la causa legal de la transferencia ni la inversión dada a esta cantidad". Y se hace notar que "es curioso constatar: cómo en febrero de 1981 se envió desde la gerencia de Barcelona un talón de dos millones de pesetas". El informe recomienda que se investigue la cuenta.

Se dice también que los intereses generados por las distintas cuentas bancarias se han elevado entre 1978 y 1982 a más de 62 millones de pesetas. Con parte de estas cantidades se creó un fondo especial para diversos gastos (comidas, coche, subvenciones, indemnizaciones, etcétera). Se subraya que en 1980 existe una salida de fondos por importe de casi tres millones de pesetas, abonados mediante talón al portador, sin que conste en los justificantes el perceptor ni la causa legal del pago. También aparecen gastos por un importe superior a los tres millones en comidas, sin que conste el carácter oficial de las mismas. Y se afirma que se compró un vídeo, con cargo a esta cuenta, por valor de 127.000 pesetas (en la factura consta manuscrita la leyenda "obsequio al subsecretario).

El informe -que enumera profusamente casos de irregularidades contables en las delegaciones- concluye recomendando que se proceda a una regularización de las distintas contabilidades, integrándose todas ellas en las cuentas del organismo.