Dos años de discusiones y 14 borradores
J. F. B. El anteproyecto de ley general de Sanidad que ayer aprobó el Consejo de Ministros ha necesitado para llegar hasta este punto casi dos años de discusión previa en el seno del partido socialista, del Gobierno y de las fuerzas profesionales y sindicales. A pesar de las sucesivas fases y retoques que ha experimentado -se han redactado 14 borradores sucesivos-, este texto no ha logrado, en opinión de algunas organizaciones médicas, el consenso deseable para una ley de la importancia y consecuencias sociales como la de Sanidad.
El proyecto de reforma sanitaria del ministro Lluch, que pretende superar una situación marcada por la legislación de bases sanitarias de 1944, se presentó en público en junio de 1983, en unas jornadas internacionales convocadas por el Ministerio de Sanidad exclusivamente para analizar los puntos básicos que debería incluir la nueva configuración sanitaria de un país que pretendía estar a la altura de los restantes países de Europa.
El texto inicial fue elaborado por una comisión formada por miembros destacados del Ministerio de Sanidad, un catedrático de Derecho Administrativo, los consejeros de Sanidad de los Gobiernos de Andalucía, País Vasco y Madrid y dos representantes de la Federación Española de Municipios. En el texto inicial muchos creyeron ver la influencia del entonces subsecretario de Sanidad, Pedro Sabando, en la conexión del texto con los supuestos del programa electoral del PSOE. Otro de los artífices más destacados de esta ley ha sido Pedro Pablo Mansilla, asesor ejecutivo del ministro de Sanidad.
Tras una primera requisitoria a los agentes institucionales (comunidades autónomas y municipios), sociales (empresarios, sindicatos y asociaciones de consumidores y usuarios) y profesionales (colegios y asociaciones médicas y sanitarias), el ministerio recogió sugerencias y alternativas al texto que llenaron en su momento cerca de 2.500 folios.
Pacto con Rivera
A esta primera fase de consulta, que no era obligatoria por tratarse sólo del borrador de un proyecto de ley, siguió otra caracterizada por las discusiones regladas y permanentes con estos mismos sectores sociales. Las mayores dificultades en estas conversaciones surgieron con el presidente del Consejo General de Colegios Médicos, Ramiro Rivera, al comienzo del pasado otoño. Las negociaciones con el presidente de la Organización Médica Colegial retrasaron la entrada del texto en el Consejo de Ministros, prevista en principio para el comienzo del otoño de 1984.
En este texto ya se encontraban recogidos algunos criterios que habían sido pactados por Ernest Lluch con Ramiro Rivera, especialmente en lo referente a la libre elección de médico, a la subsistencia del sector privado y al tratamiento que debería dar la Administración a los distintos regímenes de la Seguridad Social. Como consecuencia de este proceso negociador, el anteproyecto sufrió algunas transformaciones de acuerdo con nuevos criterios liberalizadores adoptados por el ministro para disminuir las tensiones con el corporativismo médico representado por el doctor Rivera.
Los resultados de esta estrategia dialogante de Lluch fueron duramente criticados, sin embargo, por los sindicatos de izquierda y por los colectivos médicos que se oponen al corporativismo, entre los que se encuentran UGT, CC OO y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Estos últimos grupos han mantenido una postura crítica hasta el último momento frente a las concesiones hechas a Rivera.
En medio de estas críticas y contracríticas sobrevino el cese (según el ministro) o la dimisión (de acuerdo con la expresión del propio interesado) del subsecretario de Sanidad, Pedro Sabando, en los primeros días de febrero de este año. Diferencias en la concepción de la sanidad -Sabando es médico, y Lluch, economista-, y especialmente en la manera en que el ministro pretendía ejecutar la reforma hospitalaria, produjeron la salida de Sabando -identificado con el ala más progresista del PSOE y de la UGT- del ministerio.
La financiación de la ley
Paralelamente a esta discusión entre las fuerzas sociales, el anteproyecto de ley ha tenido que superar en los más altos niveles del Gobierno el tema de la financiación. Los redactores iniciales de la ley dejaron, conscientemente, difusos los mecanismos de financiación de la misma, previendo la tormenta que podría avecinarse. Era el tema más controvertido en el seno del Gobierno.
El objetivo inicial era que la asistencia sanitaria fuera financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero los ministros de Hacienda y Seguridad Social prefirieron ajustar el tema y hacer cuentas, puesto que se trataba de hacer efectivos unos derechos subjetivos y de garantizar la asistencia sanitaria a toda la población, extender su contenido a otras prestaciones (como la psiquiátrica, medicina laboral, etcétera) y profundizar en la libertad de elección de los beneficiarios. Mientras se discutía el tema financiero, Alianza Popular presentaba públicamente un texto alternativo.
Finalmente, y tras la reunión de los titulares de los tres ministerios citados con el presidente del Gobierno, se llegó al acuerdo de que la financiación se haga con un mecanismo mixto que incluye las cotizaciones a la Seguridad Social (beneficiarios de la Seguridad Social), los presupuestos del Estado (población marginal y carente de recursos) y las tasas sanitarias para la población con recursos.
Este sistema mixto de financiación no ha convencido a sectorees progresistas de la sanidad como UGT o la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que ven en el mismo una desvirtuación y hasta una conculcación del principio de universalización en la asistencia sanitaria. Por estas y otras razones, UGT estimaba que en su redacción final el anteproyecto quebraba el modelo sanitario socialista.
