Primacía de la legislación comunitaria

En el ámbito jurídico, las normativas comunitarias gozan de primacía sobre las legislaciones nacionales de los países miembros. Los denominados reglamentos, que regulan, las políticas comunes de los Estados miembros, son de aplicación directa y entran en vigor tras su publicación en el boletín oficial de las Comunidades Europeas.Estas normas serán de aplicación en España sin necesidad de aparecer reflejadas en el Boletín Oficial del Estado. De ahí que tanto la Administración del Estado como numerosas empresas e instituciones se verán obligadas, desde el momento de la integración, a consultar habitualmente el diario oficial de la Comunidad Económica Europea, que se editará, tras la integración de nuestro país, en idioma castellano.

Existen otras normas comunitarias, las llamadas directivas, que no son de aplicación directa por la Comunidad Económica Europea. España, con relación a estas últimas normas, deberá incorporar sus contenidos a nuestro ordenamiento jurídico mediante órdenes, decretos o leyes, según sea su rango administrativo.

Hay un plazo para traslación del contenido de las directivas a los ordenamientos jurídicos nacionales. No obstante, como las negociaciones de adhesión se han prolongado muchos años, bastantes aspectos regulados por directivas de la CEE se han ido incorporando en los últimos tiempos al ordenamiento español.

Las Comunidades cuentan con un Tribunal de Justicia, al que se incorporarán dos jueces españoles (uno de inmediato y el otro en función de un sistema de rotación entre varios países), cuya finalidad es velar por el cumplimiento de los tratados. Esta alta institución de la Comunidad Económica Europea tiene su sede en Luxemburgo.

En caso de conflicto entre una norma española y una de la CEE, cualquier ciudadano puede recurrir ante el juez para que se respete el principio de primacía de la legislación comunitaria. El juez español, en este caso, deberá solicitar inmediatamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea que se pronuncie en vía prejudicial sobre este conflicto. Una vez conocido este pronunciamiento, el juez español fallará en consonancia con el mismo.

Finalmente, hay otros aspectos, como la futura elección de representantes para el Parlamento Europeo (corresponden 60 eurodiputados a España) o la libertad de movimiento de capitales -bastante restringida- en el seno de la Comunidad Económica Europea, que suponen también novedades llamativas para el ciudadano medio español.