España tendrá categoría de país intermedio

España tendrá en las instituciones de la Comunidad Europea un estado único de país intermedio entre los grandes (RFA, Reino Unido, Italia y Francia) y los medianos (Bélgica, Países Bajos y Grecia), los pequeños, (Irlanda, y Dinamarca) y el muy pequeño Luxemburgo; Portugal estará entre los medianos.Sin duda, el elemento de mayor importancia es el número de votos de que dispondrá España en el Consejo de Ministros de la CEE para las decisiones por mayoría cualificada, que se tendrán que multiplicar si se ha de evitar una parálisis de la Comunidad de los doce. En esta institución España dispondrá de 8 votos (los grandes tienen 10, y los medianos, 5). La mayoría cualificada se fija en 54 en total de 76 votos, con lo que España, Grecia e Italia dispondrán de una minoría de bloqueo.

En la Comisión Europea, España tendrá dos comisarios, como los países grandes, pero sin que tenga derecho directo a una vicepresidencia. Los dos comisarios tendrán que ser nombrados por el Gobierno español. Ya se ha hablado de que podrían ocupar las carteras de Política de Investigación y Ciencia, de Transporte y Turismo y/o Asuntos Sociales, tal como resalta de la distribución de carteras de la actual Comisión.

Sesenta eurodiputados constituirán la fuerza española en el Parlamento Europeo. Los diez han dejado a España la libertad de decidir cómo cubrir estos escaños hasta las próximas elecciones europeas de junio de 1989, ya sea convocando elecciones especiales para ello o designando desde las Cortes españolas un grupo interino de representación. Pero el propio Parlamento Europeo ha pedido que España celebre elecciones directas para cubrir estos escaños en un plazo de un año como máximo tras la adhesión. El sistema electoral aún no ha sido decidido por España, planteando el problema de la representación regional.

En cuanto a la burocracia comunitaria, desde los bedeles hasta los directores generales, España tendrá derecho a unos 800 o 900 cargos, aunque naturalmente estas plazas se irán cubriendo gradualmente.

Pero el verdadero debate entre España y la CEE, aún no resuelto, es qué nivel de capacidad de decisión se otorgará a las autoridades españolas para cubrir los altos cargos que le corresponden. Los sindicatos de las instituciones insisten en concursos de méritos, y no simples designaciones a dedo.

En el Comité Económico y Social (CES), órgano consultivo interprofesional de la CEE, España tendrá 21 miembros (frente a los 24 de los países grandes y los 12 de los medianos); por su parte, el comité consultivo de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA) pasa de 84 a 96 miembros (ocho para España; uno para Portugal y uno suplementario, tras el ingreso ibérico, para Italia).

El Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) pasa de 19 a 22 directores, dos de ellos siendo españoles y uno portugués. La sexta vicepresidencia del comité de dirección del BEI irá, por turnos de seis años, a España (dos turnos) y a Portugal (un turno).