El Parlamento autónomo acusa de connivencia a un constructor y al anterior Gobierno regional

El dictamen elaborado por una comisión de investigación del Parlamento riojano sobre la construcción del conservatorio de música y escuela de danza de Logroño revela la presunción de que ha habido connivencia intencionada entre la empresa adjudicataria de las obras (la sociedad Yerga, SA, que actuaba como interpuesta de Covinosa, representadas ambas por José Antonio Fernández Bobadilla) y el equipo de la antigua diputación provincial y del primer Gobierno autónomo.

, LogroñoCinco cargos políticos de la Administración regional, el presidente y vicepresidente primero de la extinguida Diputación provincia¡, así como el presidente y dos consejeros del primer consejo de Gobierno, aparecen presuntamente implicados, según el dictamen, en las irregularidades cometidas durante la tramitación de este expediente, desde finales de 1981 a comienzos de 1983.El dictamen de la comisión de investigación, que fue aprobado sólo con los votos favorables del Grupo Socialista, mientras que el Grupo Mixto se opuso rotundamente y el popular optó por la abstención, propone finalmente al consejo de Gobierno que exija las responsabilidades debidas, por vía penal, civil o administrativa, para salvaguardar los intereses de la comunidad autónoma y recuperar los 106 millones de pesetas que han sido abonados a la empresa constructora antes de que se anulasen los contratos firmados.

Dos fechas importantes

En la relación de los hechos analizados por la comisión durante catorce meses de trabajo, figuran dos fechas importantes. El 9 de julio de 1982, la Diputación provincial adjudicó provisionalmente las obras del conservatorio a Yerga, SA, única empresa licitadora que, según se indica en el dictamen, actuaba como sociedad interpuesta de Covinosa. La adjudicación se realiza a pesar de que no reunía las condiciones del concurso. Unos meses después, el 1 de octubre, el consejo de Gobierno de la recién creada comunidad autónoma, eleva a definitiva la adjudicación, entendiendo que Yerga había cumplido las condiciones exigidas.En el texto del dictamen se hacen repetidas referencias a que la intención de los representantes políticos citados era adquirir un edificio determinado "cueste lo que cueste". Ya en la primera de las conclusiones se señala que tanto el presidente como el vicepresidente primero de la desaparecida Diputación provincial conocían desde diciembre de 1981 el edificio que estaba construyendo Covinosa, y que la imposibilidad legal de proceder a la adjudicación directa, fue lo que impidió su compra. En otra de las conclusiones se menciona la destacada intervención que ha tenido el arquitecto Aurelio Ibarrondo, que era vicepresidente primero de la diputación, a lo largo del expediente.

Luis Javier Rodríguez Moroy, primer presidente de la Comunidad Autónoma Riojana y ahora portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea, intervino en el pleno para criticar duramente las conclusiones de la comisión investigadora, en la que él mismo ha participado.

"Han elaborado los hechos como han querido", señaló, "han afirmado lo que no consta, deducen conclusiones que no se derivan de los hechos y terminan por señalar esa connivencia que no se deduce de ningún punto".