La policía reconoce que un infiltrado en la extrema derecha tenía datos sobre el asesinato de Brouard

Un informe de la Comisaría General de Información incluido en el sumario por el asesinato de Santiago Brouard reconoce, sobre la hipótesis de la extrema derecha como autora del atentado, que "la Jefatura de Bilbao tenía datos que apuntaban hacia una posible autoría de dicha tendencia a través de un colaborador, datos éstos que hasta el presente no han podido ser confirmados". No obstante, el informe centra sus sospechas en miembros de ETA como autores del atentado. El conocimiento por parte del fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniaín, relevado del caso, de que en una reunión de ultras en Madrid anterior al asesinato se había tratado del mismo pudo provocar su solicitud de investigar a los servicios de información del Estado.

El juzgado que instruye el caso recibió el pasado 14 de enero respuesta del Ministerio de Defensa a un oficio enviado a este departamento sobre el asesinato de Brouard. Posteriormente, y a petición del fiscal jefe de Bilbao, Fermín Hernández, se ordenó a principios de febrero, a través de un segundo oficio, nueva información sobre el caso. Este segundo oficio solicitaba "al teniente general jefe del Estado Mayor del Ejército, al director general del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa) y al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa recabar información útil, incluso a nivel indiciario, que permita esclarecer el asesinato de Brouard".Este segundo oficio aclara que se responda "bien directamente o bien por el canal infarmativo más pertinente". El ministro de Defensa, Narcís Serra, comentó, poco después de que este periódico anunciara el envío de este segundo oficio, el 3 de marzo de 1985, que no tenía constancia de que hubiera llegado la orden judicial a su departamento. Sin embargo, el oficio fue enviado a primeros de febrero, un mes después de que el ministro desconociera su llegada a Defensa. Hasta el momento no se ha recibido respuesta de Defensa.

El informe de la Comisaría General de Información, que dirige Jesús Martínez Torres, reconoce la existencia de un infiltrado en la extrema derecha. Al parecer, según fuentes policiales, este infiltrado había informado al grupo policial que dirige el caso en Bilbao que en una reunión de ultras en Madrid, precedente al asesinato, se había tratado el atentado. Sin embargo, no se cita su nombre ni se dan más datos al juez que instruye el sumario.

"Actuación visceral y emotiva"

Sobre la hipótesis de la autoría por parte de ultras sin conexión con grupos organizados, el informe policial dice que "no se descarta, dado que su forma de actuación es principalmente visceral y emotiva". En este informe se comentan las diferentes hipótesis solicitadas por el juez a petición del fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniáin.

El informe, titulado Enunciado general de las hipótesis de trabajo ideológico causante del asesinato y examen individualizado de las armas, así como los inductores y organizadores, centra, no obstante, sus sospechas en la organización terrorista ETA, aduciendo que el asesinato del dirigente abertzale, calificado de duro, pero abierto a la negociación, contrarrestaría la posibilidad de la negociación con el Gobierno. Este informe fue calificado por el abogado de la acusación prarticular, José María Montero, como "literatura policiaca rayana en la intoxicación".

Tras un examen de la situación interna de ETA, el informe dice que "la clave puede estar en la palabra reinserción, no admitida por los elementos más radicales de ETA". La supuesta lucha entre los duros y los blandos "podría desencadenar entre los elementos del sector duro la elaboración de un plan estratégico que reconduciría a la organización terrorista a las posiciones anteriores al inicio de la crisis". Es decir, a continuar las acciones terroristas.

También recuerda el informe policial la desaparición de Eduardo Moreno Bergareche (Pertur), el 23 de julio de 1976, y el más reciente asesinato, el 4 de febrero, de Miguel Soláun Angulo, uno de los primeros acogidos a las medidas de reinserción social, como precedentes de que ETA ha atacado a sus propios militantes.

"Este proceso de enfrentamiento", añade el informe, "podría estar dándose de forma similar en la correa de transmisión de ETA que es Herri Batasuna". Como conclusión, añade que "se beneficia del asesinato, precisamente, el sector más radicalízado, que no encuentra un lugar adecuado en una sociedad democrática".

En cuanto a la procedencia suramericana de los asesinos, el informe lo justifica diciendo que aunque "los asesinos no corresponden al cliché etarra, ETA ha utlizado a individuos supuestamente ajenos a ella, como en el secuestro del doctor Iglesias Puga", padre del cantante Julio Iglesias. También añade que existen muchas colonias de vascos en Venezuela y México, y ETA ha apoyado al MIR chileno, y deja abierta la posibilidad de que este grupo hubiera podido realizar el atentado como pago a servicios prestados por ETA.

Servicios de información

El informe califica de "mera especulación" la hipótesis de que se tratara de servicios de información estatales, y añade que "no existe, ni como hipótesis de trabajo, la posibilidad de que la Comisaría General de Información" trabaje en esa dirección. También "rechaza la intervención o el conocimiento previo del atentado" por parte del CESID, el Servicio de Información de la Guardia Civil o la inteligencia española", y califica estas sospechas de "programadas campañas de desprestigio contra las instituciones del Estado".

También se ha podido conocer que el Servicio de Información de la Armada ha respondido a un oficio enviado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao en el que afirma desconocer cualquier dato relativo al atentado o a sus posibles autores, especialmente sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

La Ertzantza también ha enviado un informe al juzgado que instruye el caso sobre sus averiguaciones. En éste se cita que cinco franceses -tres hombres y dos mujeres- fueron detenidos en el Euskadi veinte días antes del asesinato de Brouard, y fueron acusados de tenencia ilícita de armas. Después de facilitarse el retrato-robot de uno de los asesinos, la Ertzantza comenzó a investigar al encontrar parecido con uno de los franceses.