Una policía civil contra la 'militarización de la seguridad ciudana

Todos los sindicatos de policía se han manifestado recientemente y en diferentes y numerosas ocasiones anteriores por la desmilitarización de la Policía Nacional y su unificación con el Cuerpo Superior en una estructura civil y democrática, que garantice el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos que reconoce la Constitución española.Desde la entrada -en vigor de la Constitución y la Ley de Policía, la Policía Nacional goza de estructura civil. La Constitución separa taxativamente las Fuerzas Armadas de los Cuerpos de Seguridad del Estado y enclava a estos últimos en el Título IV bajo el epígrafe Del Gobierno y la Administración. La ley, pues, no puede ser más diáfana.

Sin embargo, la cúpula de mando de la Policía Nacional está compuesta por alrededor de doscientos militares, que continúan rigiéndose por el Código de Justicia Militar y cuya aplicación puede provocar conflictos jurídicos a la hora de procederse a sancionar a los funcionarios civiles, ya que el artículo 25, apartado tercero, de la Constitución afirma: "la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad".

"Escalada militar"

Recientemente, el SUP -sindicato mayoritario en la Policía Nacionales- denunciaba, tras los incidentes de León, la "escalada militar" en el cuerpo y la existencia de un bunker "con ideas contrarias a que dicho cuerpo sea un estamento civil y democrático y al servicio del pueblo".

El SUP también denuncia "la militarización de la seguridad ciudadana". Tal afirmación la basa el sindicato en que la Policía Nacional, cuya cúpula de mando está dirigida fundamentalmente por militares, ha absorbido todas las competencias en materia de seguridad ciudadana que pertenecían al Cuerpo Superior, desde la entrada en vigor del decreto 669/84 que regula estas funciones.

El Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU) denuncia también el incumplimiento por parte del Ministerio del Interior de sus promesas de respetar el carácter civil de los funcionarios de la Policía Nacional.