El Plan General, un modelo de urbanismo 'de izquierdas'

El presidente de la comunidad autónoma, Joaquín Leguina, entregó ayer al alcalde de Madrid, Enrique Tierno, el decreto del Gobierno regional por el que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de la capital. El plan, que se desarrollará a lo largo de 15 años y requerirá 384.000 millones de inversión, se ciñe a un planteamiento urbanístico de izquierdas, "y se basa en la concepción de la ciudad como un bien común a conservar y mejorar, y no como un solar apto para hacer negocios", según palabras de uno de sus principales impulsores.

El Plan General tiene varias actuaciones puntuales encaminadas a terminar Madrid: rellenar los grandes descampados y espacios vacíos existentes, sobre todo en la periferia de la ciudad; rehabilitar y no derribar los edificios deteriorados del casco urbano, y recompensar a los barrios de la zona sur de las carencias de equipamiento acumuladas durante años. También se pretende dignificar y embellecer la ciudad con otras obras: el parque lineal del Manzanares, la remodelación de San Francisco el Grande, el parque de Delicias y el Planetario, y la remodelación de Atocha, entre otras.En este sentido, el Plan aprobado no pretende tanto cambiar la fisonomía de Madrid, una ciudad ya consolidada, como rellenar los huecos del tejido urbano que hacían que Madrid fuera una urbe inacabada.

Los trabajos de recopilación de datos y primera redacción provisional del Plan comenzaron en marzo de 1981, cuando era responsable de urbanismo municipal Eduardo Mangada, actual consejero de Ordenación Territorial de la comunidad.

"El Plan supone que el Ayuntamiento cuenta con un instrumento de planeamiento acorde con la nueva cultura urbanística europea", afirma Mangada, "con un modelo de izquierdas a aplicar en Madrid. Supone sustituir las reglas de juego instauradas por el antiguo plan de 1963, que veía a la ciudad como un solar expectante, un campo de maniobras para la acumulación de rentas del sector inmobiliario. El nuevo plan considera la ciudad como algo existente en sí mismo, con carácter de bien público, que no puede estar sometida a los intereses particulares de los sectores que actúan en ella y sobre ella".

En consecuencia, el reparto de las cargas y beneficios que genere la ejecución del Plan debe ser equitativo. Esta filosofía, según los impulsores del planeamiento, es lo que justifica que el mayor porcentaje de actuaciones -de creación de nuevos parques, de reserva de suelo para equipamientos colectivos, de elementos integradores- se destinen a la zona sur de la ciudad.

El parque lineal del Manzanares, por citar un ejemplo, supondrá que el río va a dejar de ser un elemento negativo, separador de dos partes bien diferenciadas de la ciudad, para pasar a constituirse como un elemento positivo, de unión sin lapsus de continuidad del tejido urbano. La misma finalidad, de coser el tejido urbano, anima al proyecto de remodelación de la zona de San Francisco el Grande.

Suelo edificable

El Plan enmarcará tanto el crecimiento futuro de Madrid como la situación de sus equipamientos: en el mismo están contempladas las reservas de suelo para la instalación de industrias, de instalaciones sanitarias y deportivas, de zonas verdes, entre otras. Asimismo, una innovación importante es la de reservar suelo edificable expresamente para la construcción de viviendas de protección oficial, de forma que se asegure que la población con menos recursos económicos no tenga que irse irremediablemente a las zonas menos atrayentes.La ejecución del Plan General por todos los barrios de Madrid supondrá la inversión, a lo largo de 15 años, de 384.000 millones de pesetas, de los que unos 80.000 millones serán aportados por el Ayuntamiento. Un paquete de críticas importantes -lanzadas por los empresarios madrileños, el Colegio de Arquitectos y el de Ingenieros de Caminos, entre otros- apunta precisamente a la inviabilidad económica del Plan. Esta críticas se apoyan en el hecho de que el Estado no ha firmado en ningún momento ningún compromiso para aportar los 300.000 millones restantes.

Para los promotores del Plan, la política de recorte del gasto público y la austeridad adoptada por el Gobierno de la nación podría, efectivamente, retrasar en alguna medida el cumplimiento de alguna de las previsiones del plan, pero sin que éste llegue a estar en peligro.

"El plan es sensato económicamente", afirma Mangada. "Las necesidades están cuantificadas y justificadas. Será tarea del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid reivindicar la aportación de los recursos del Estado, pero, de entrada, hay que recordar que Madrid, como capital de la nación, ha sido siempre receptora de inversiones extraordinarias, y esperamos que siga ocurriendo así".

Enrique Villoria, responsable del seguimiento de temas urbanísticos del Grupo Popular en el Ayuntamiento, cree, por el contrario, que "el plan no es bueno, pero es mejor que no tener ninguno. Por lo menos su aprobación y consiguiente entrada en vigor permitirán desbloquear la actual situación ¡de paralización de licencias. Al Grupo Popular el Plan aprobado le parece utópico, muy difícil de realizar por su alto coste y, sobre todo, que es un plan que encorseta la ciudad, que quiere dirigir su evolución en todos sus aspectos. De todas formas, no tenemos intención de presentar ningún recurso. Esperamos que, en la práctica, los responsables del urbanismo madrileño flexibilicen su postura".