El Ayuntamiento de Sevilla se opone a la auditoría del Estado que rebaja su deuda en 3.500 millones

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla aprobó por unanimidad las alegaciones presentadas por el delegado municipal de Hacienda respecto a la auditoría realizada por la Intervención General del Estado, que reduce en 3.500 millones de pesetas la deuda presentada por el municipio sevillano y que asciende a 5.159 millones.Las alegaciones se refieren a la diferencia de criterios contables respecto a la financiación de empresas municipalizadas y a la exclusión, por parte de la Intervención General, de importantes partidas presupuestarias.

Los resultados de la auditoría realizada en el Ayuntamiento de Sevilla por la Intervención General del Estado en cumplimiento de la ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales redujeron el déficit planteado por el equipo municipal de gobierno en 3.500 millones de pesetas.

El Ayuntamiento de Sevilla cuyo titular es el socialista Manuel del Valle, pretendía que se le reconociera una deuda anterior a 1982 de algo más de 5.159 millones de pesetas, pero el Estado sólo se presta a asumir 1.705 millones. El pleno del Ayuntamiento debatió ayer las alegaciones a esa rebaja en el déficit, que fueron aprobadas por unanimidad.

Las razones expuestas por el delegado municipal de Hacienda, José Vallés, se refieren a la diferencia entre los criterios de valoración contable utilizados históricamente por los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento y los argumentados por la Intervención General.

Pérdidas por transportes

En concreto, se refiere al cálculo derivado de las pérdidas de la principal empresa municipalizada, Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM), donde el Ayunta miento calcula las amortizaciones con arreglo al valor de adquisición y mantenimiento de vehículos, mientras que los auditores lo estiman sólo en relación al precio de adquisición. Otro argumento alegado en el pleno extraordinario, éste de carácter cuantitativo, se refiere a que la Intervención General en su dictamen excluye partidas de importante cuantía económica; por ejemplo, la referida a los terrenos donde ahora se asienta la barriada de Pino Montano, expropiados en 1975 y no pagados, cuyo importe se eleva a 1.000 millones de pesetas. Esa partida está excluida en el resultado de la auditoría. Las alegaciones se remitieron oficialmente el martes a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales.