La defensa de Ruiz-Mateos interpone recurso de revisión ante el Tribunal Supremo

El equipo de abogados que dirige Crispín de Vicente, encargado de la defensa de José María Ruiz-Mateos, ha interpuesto recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra el fallo del mismo tribunal, de fecha 27 de septiembre de 1984, por el que se denegaba la habilitación de fondos a la defensa para la realización de las hojas de justiprecio. Tras la expropiación de Rumasa, los defensores solicitaron al alto tribunal la habilitación de unos fondos para el pago de honorarios del equipo de peritos y tasadores que habría de realizar las hojas de justiprecio de la parte expropiada.

Este recurso forma parte de una amplia ofensiva legal de los defensores del empresario jerezano. Así, aprovechando la difícil coyuntura por la que atraviesa en el Reino Unido la firma auditora Arthur Andersen, Crispín de Vicente presentó la semana pasada demanda de conciliación contra Arthur Andersen, Servicios Profesionales, SA, por sí mismo y como titular en España de los servicios de la multinacional Arthur Andersen & Co., de Estados Unidos.Con esta demanda, consecuencia del requerimiento efectuado en su día contra la auditora, el equipo de Ele Vicente apunta directamente a la firma auditora en cuanto titular del contrato firmado con José María Ruiz-Mateos en 1981 para la realización de una. auditoría del grupo de empresas Rumasa, y en ella solicitan que se resuelva el contrato suscrito entre Arthur Andersen y José María Ruiz-Mateos.

Para el equipo de de De Vicente, la firma auditora ha seguido actuando con la nueva administración de Rumasa, lo que supone incumplimiento de contrato y deslealtad, utilización de documentos que le fueron entregados entre 1981 y 1983, y que fueron a parar, siempre según la defensa, al Banco de España, siendo el soporte de la "teoría del agujero".

Además de esos documentos, la defensa reclama los 100 millones de pesetas de depósito que Ruiz-Mateos entregó a Arthur Andersen para que iniciase los trabajos, más una indemnización por daños y perjuicios a favor de José María Ruiz-Mateos y demás accionistas de Rumasa, que se consideran perjudicados por el quebrantamiento de las normas deontológicas a las que se debe todo profesional de la auditoría. De no haber conciliación, la defensa irá a una demanda de mayor cuantía en el juicio declarativo correspondiente.