Un nuevo crimen

ETA MILITAR -si se confirman las sospechas fundadas de que ha sido esta organización terrorista la autora del atentado- se ha cobrado una nueva víctima en la persona de Ricardo Tejero, alto directivo del Banco Central. Pocas contradicciones hay tan escandalosas como las que destruyen los discursos de las organizaciones situadas en la orla ideológica y política de ETA, dispuestas a apoderarse hipócritamente de la honrada bandera de los derechos humanos cuando conviene a sus propósitos agitadores, pero resueltas también a negar la atroz naturaleza de los inhumanos crímenes perpetrados por los terroristas. Los etarras han terminado por transformar su sistemática y repugnante conculcación de los derechos humanos en una siniestra actividad profesional. Para los terroristas la vida humana es una simple mercancía, sin que exista solución de continuidad entre la operaciones de secuestro destinadas a recaudar dinero y el brutal sacrificio del rehén que no puede ser aprehendido o cuya familia no consigue reunir el dinero suficiente para pagar el rescate.El asesinato de Ricardo Tejero ha golpeado a la opinión pública, tanto por la actividad profesional de la víctima como por el contraste existente entre ese audaz crimen -realizado a plena luz del día en una céntrica calle madrileña- y el retroceso de las agresiones terroristas durante los últimos meses. Aunque las bandas armadas continúan esporádicamente perpetrando asesinatos y realizando secuestros (todavía permanece en poder de ETA el industrial Ángel Urteaga), la acción combinada de las soluciones políticas (en especial la reinserción social), de las actuaciones policiales y de la colaboración del Gobierno francés habían reducido sensiblemente la libertad de movimientos, la capacidad de fuego y la adopción de iniciativas de esa organización criminal. En cualquier caso, el asesinato de Ricardo Tejero parece la trágica consecuencia de los desesperados intentos de ETA Militar para rehacer su malbaratada hacienda mafiosa, debilitada por las medidas del Gobierno francés en el departamento de los Pirineos Atlánticos y por las crecientes dificultades de la organización terrorista a la hora de imponer con éxito las extorsiones gansteriles rebautizadas como impuestos revolucionarios.

Siempre que la brutalidad terrorista perpetra un nuevo crimen, el dolor y la indignación ante la sangre inocente derramada se mezclan con el deseo y la esperanza de que la víctima inmolada sea la última. Se ha dicho en numerosas ocasiones que nadie puede estar al amparo de la furia homicida de un asesino suelto. Pero los progresos realizados en los últimos meses en la lucha contra ETA dan fundamento para creer que el final de esa pesadilla está cada vez menos lejano. No hay razones para suponer que la colaboración del Gobierno socialista francés, que ha tenido el valor de arrostrar la impopularidad en su país con su política de detenciones, extrañamientos, deportaciones y extradiciones se detenga o cambie de signo. Las medidas de reinserción social comenzadas durante la etapa de UCD, y de las que se han beneficiado hasta ahora fundamentalmente los ex militantes de ETA Político-militar, pueden contribuir al desarine de los sectores vinculados con ETA Militar que no sean responsables de delitos de sangre. Las actuaciones policiales ganarán en eficacia a medida que la información mejore. Finalmente, el pacto de legislatura suscrito entre el Gobierno del lendakari Ardanza y el Grupo Parlamentario Socialista puede valer para intensificar la toma de conciencia por la sociedad vasca de la imperiosa necesidad de erradicar la violencia terrorista como requisito para lograr que la autonomía de Euskadi se consolide.