El 3,5% de los kuwaitíes elige hoy el único Parlamento del golfo Pérsico

Las elecciones del único Parlamento del golfo Pérsico, la Asamblea Nacional de Kuwait, se celebran hoy en un clima de inusitada libertad en esta región del mundo, a pesar de que sólo una mínima parte de los habitantes del emirato -el 3,5%- tiene derecho al voto.

Sólo unos 57.000 varones kuwaitíes de más de 21 años de edad y que han conseguido demostrar que ellos o sus antepasados estaban afincados en el noreste de la península Arábiga desde los años veinte podrán depositar una papeleta en las urnas en los séptimos comicios generales desde el acceso del país a la independencia en 1961. La Asamblea es elegida por un período de cuatro años.Quedan, pues, excluidos de la votación no sólo el millón de extranjeros -el 60% de la población- que constituyen el grueso de la mano de obra del rico emirato petrolero, sino cientos de miles de mujeres kuwaitíes y otros tantos hombres cuya pureza de estirpe y linaje no fue demostrada.

Las sufragistas kuwaitíes empezaron su insólito movimiento en el contexto árabe con una manifestación en 1982 ante el Parlamento unicameral, que debatía precisamente entonces un proyecto de ley -posteriormente rechazado- tendente a permitir la participación de las mujeres en los comicios legislativos.

Encabezadas por las presidentas de dos asociaciones culturales femeninas, Lulwa Al Kitami y Adelah Al Tabari Al Sayer, delegaciones de mujeres intentaron en vano el año pasado inscribirse en el censo electoral, alegando ante los funcionarios que la Constitución kuwaití reconoce la igualdad de todos los ciudadanos sin distinción de sexo, origen o religión.

Protesta femenina

Ante la tozudez demostrada por los burócratas, algunas mujeres que ocupan altos cargos en la Administración se presentaron en comisaría para quejarse de la flagrante violación de la Constitución cometida por los funcionarios, pero los policías se negaron a registrar su denuncia.Aunque algunas influyentes personalidades, como Rasha Al Sabah, decano de la universidad y pariente del emir, creen que ha llegado la hora para las mujeres de disfrutar de los mismos derechos políticos que los hombres, la mayoría de los candidatos a diputado se niega a ello, porque, entre otras cosas, la cohabitación en un mismo hemiciclo de ambos sexos infringiría las reglas del Islam.

Al margen de este debate, el gasto público, la política seguida en materia de concesión de la nacionalidad kuwaití, la introducción de la ley islámica (Sharia) como única fuente del derecho y la participación del emirato en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que reagrupa a las monarquías conservadoras de la zona, son los principales ejes de la campaña. El país no tiene graves problemas sociales gracias a su renta de 14.000 dólares anuales per cápita, la tercera del mundo.

Aunque formalmente los partidos políticos están prohibidos y los aspirantes a parlamentarios no reivindican ninguna afiliación partidista, los candidatos están divididos en cuatro grupos: beduinos conservadores, nacionalistas árabes, jóvenes educados en Occidente e integristas musulmanes. Los primeros dominaban hasta ahora la Asamblea, pero la Prensa prevé que perderán algunos escaños en beneficio de la corriente islámica radical, aunque estima probable que los nacionalistas laicos estén nuevamente presentes en el Parlamento, del que fueron excluidos por su derrota en los últimos comicios de 1981.

Los integristas son los más críticos de la gestión del Gobierno, al que reprochan su adhesión al CCG, "instrumento militar de Estados Unidos contra Irán". Preconizan la consagración de la Sharia como la única fuente de derecho, y no, como estipula la actual Constitución, "una mera fuente básica de la legislación".

El posible auge de los integristas no modificará, sin embargo, la línea moderada y prooccidental de Kuwait, señalan los observadores, a pesar del peso que ejerce la Asamblea Nacional en la vida política del emirato, hasta el punto de obligar hace dos años al Gabinete a renunciar a enmendar la Constitución para poder otorgar poderes excepcionales al jefe del Estado, incluida la facultad de promulgar la ley marcial.