La Comunidad y España han llegado a un acuerdo en 13 capítulos de un total de 18

A. O., Del total de 18 capítulos en que se han estructurado las negociaciones de adhesión de España a la CEE ya están cerrados 13, aunque en ellos queden algunos flecos, a veces importantes, que concluir.

Instituciones. España tendrá un estatuto de país intermedio entre los grandes y los pequeños. Contará con dos comisarios; 60 escaños en el Parlamento Europeo, y ocho votos, de un total de 76, en el Consejo de Ministros de la CEE.

Unión Aduanera. Siete años de desarme arancelario en ocho tramos, con un ritmo que supone un desarme de nuestros aranceles de un 65% al cabo de los primeros cuatro años. Se introducen unos contingentes a arancel reducido para la importación de coches durante los primeros tres años. El mismo ritmo del desarme servirá para la aplicación en España del arancel exterior común de la CEE. Se establecen además unas medidas especiales para algunos productos más sensibles. España tendrá seis años para adecuar sus monopolios de comercialización (pero no de producción). En cuanto a Ceuta y Melilla, no se integrarán en la Unión Aduanera ni se aplicará el impuesto sobre el valor añadido (IVA), aunque falta la definición de las reglas de origen. Falta asimismo el gran tema de Canarias y el de Andorra.

Siderurgia (CECA). España tendrá tres años tras la adhesión para finalizar su reestructuración y eliminar las ayudas nacionales al sector. Durante estos tres años España ve garantizado un cupo de exportaciones hacia la CEE equivalente, como mínimo, a 827.000 toneladas. Falta la definición del antidumping.

Patentes. España se sumará a la Convención de Múnich, como tarde, en octubre de 1992. Desde la adhesión introducirá para las nuevas patentes la inversión de la carga de la prueba.

Fiscalidad. España introducirá el IVA desde la adhesión y dispondrá de cuatro años para la equiparación de los impuestos sobre el tabaco rubio y negro.

Aproximación de legislación. España adecuará desde la adhesión su legislación a la comunitaria, con algunas excepciones, como es un año para adaptar el contenido en plomo de la gasolina súper.

Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios. Siete años para la libertad progresiva de instalación de establecimientos de crédito en España. Desde la adhesión, adaptación de la carta verde automovilística al sistema de la CEE. Cinco años para la puesta en marcha en España de la especialización médica de dentista, diferente de la de odontólogo, con unos estudios más cortos.

Movimiento de capitales. Un plazo máximo de cinco años para los mínimos que imperan en la CEE.

Transportes. Un máximo de cinco años para la instalación del tacógrafo en los vehículos de transporte.

Euratom. España no tendrá en principio que firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear para ingresar en la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Pero esta cuestión ha sido replanteada por Holanda y Dinamarca.

Relaciones exteriores. Aplicación del mismo ritmo de adaptación arancelaria que frente a la CEE, con algunas excepciones. Quedan algunos flecos de este capítulo por solucionar, entre ellos la contribución española a la ayuda al Tercer Mundo.

Cuestiones económicas y financieras. España participará en el Sistema Monetario Europeo desde la adhesión, pero aún no se ha decidido su participación en sus mecanismos de cambios e intervención, ni la inclusión de la peseta en la unidad de cuenta europea (ECU), ni la contribución al Banco Europeo de Inversiones.

Política regional. España tendrá acceso a los fondos destinados a esta política desde la adhesión, pero no se ha definido aún el porcentaje.

Como capítulos abiertos quedan: agricultura, pesca, asuntos sociales, Canarias, relaciones España-Portugal-Grecia y participación española al presupuesto de la CEE, además de los flecos señalados.

La negociación se halla estancada precisamente en las dificultades que presenta tanto para España como para algunos de los países de la CEE la propuesta global elaborada por la Comisión Europea en materia de agricultura, pesca y asuntos sociales. Desde el pasado mes de julio, a pesar de las declaraciones políticas favorable a la ampliación, no se ha registrado ningún avance.

Oficialmente, la Comunidad Económica Europea mantiene la fecha del 1 de enero de 1986 para el ingreso de España y Portugal, pero, oficiosamente, casi nadie cree ya en ella, siendo más racional la del 1 de enero de 1987.