Cómo evitar que las auditorías sean papel mojado
Hacienda, Industria y el Banco de España controlan el 80% del mercado
Las auditorías de empresas públicas y privadas y de organismos autónomos de la Administración están de moda. Han pasado de no tener avenas respaldo a convertirse en la espada que pende sobre más de una cabeza, y tratan de presentarla como la mejor, medicina para curar algunos de los males de la economía española. A pesar de su pretendida. infalibilidad, los errores de bulto han sobresaltado a más de uno, y ahora se trata de impedir que sigan por este camino. El futuro está, según los principales responsables de la economía, en aumentar el control sobre las firmas auditoras y evitar así que se repitan fallos como los que ya han ocurrido.
Mariano Rubio, al poco tiempo de ser nombrado gobernador del Banco de España, en el mes de julio del pasado año, dirigió una carta a los presidentes de los bancos españoles en la que, después de señalar la importancia que tenía que las instituciones financieras hubieran aceptado la recomendación de someterse a análisis externos, afirmaba que había llegado el momento de que se homogeneizara "Ia forma en que las distintas entidades lleven a cabo sus auditorías, evitando así las disparidades actuales y, sobre todo, asegurando que las auditorías reflejen la verdadera situación de la entidad matriz".El máximo responsable de la supervisión de las instituciones financieras resumía en su carta a los presidentes de los bancos y cajas de ahorro sus propias enseñanzas. Durante años había convencido y presionado de forma suficiente para que estas instituciones aceptaran un control externo, al que en buena parte de los casos no habían querido plegarse. No obstante, este control adolecía de numerosos defectos, y su puesta en práctica lo ha demostrado.
Impedir nuevos sustos
Fracasos importantes, como en el caso de Explosivos Río Tinto, Banco Urquijo -poco antes de que repartiera su último dividendo a cuenta- o la más inmediata en el tiempo de la Caja Rural de La Mancha, rompían todo el trabajo anterior, que culminó cuando se produjo la expropiación de Rumasa ante la negativa de José María Ruiz-Mateos a que unos auditores externos pudieran tener pleno acceso a sus datos.
Fracasos que, en opinión de las firmas auditoras, no son tales, porque sus informes suelen reflejar la situación real de las empresas que estudian. Existen trucos legales y de lenguaje que han venido ocultando durante demasiado tiempo los problemas de algunas firmas importantes. Ocultaciones que se han podido producir tanto porque el trabajo externo realizado no ha sido todo lo minucioso que debería como porque con un lenguaje oscuro se han acabado señalando los males que padecía una empresa, aunque no de forma directa.
Los sustos de buena parte de las autoridades económicas proceden de unos informes de auditoría poco comprensibles y que se podían interpretar de formas distintas. El Banco de España, que fue el impulsor de las auditorías, volvió a tornar las riendas, y en el verano pasado fijó nuevas reglas para el juego.
El fondo es simple: las auditorías deben ser algo fiable para los responsables de la Administración que velan por la situación de determinadas sociedades anónirrias; debe ser un marco de referencia para los accionistas y ahorradores privados que confían sus capitales a estas sociedades, y tiene que servir como base de información independiente para los consejeros de estas empresas, como documentos diferenciados de los que puede proporcionar la propia línea ejecutiva de las empresas a cuyos consejos pertenecen.
Esta última consideración adquiere mayor importancia en la medida en que a los consejeros se les están empezando a pedir responsabilidades por los posibles problemas de gestión que surjan en sus empresas. El papel de consejero de una sociedad está dejando de ser casi testimonial para incorporarlo a la línea de decisión y responsabilidad de la misma.
En la actualidad, el Banco de España, a través de los fondos de garantía de depósito, el Ministerio de Hacienda -por sí mismo y por el Patrimonio del Estado- y el Ministerio de Industria, a través de las empresas públicas pertencientes al Instituto Nacional de Industria o al de Hidrocarburos o de su influencia sobre determinados sectores, como el eléctrico, tienen poder de decisión sobre la validez o no del 80% de las auditorías externas que se realizan en España. Ésta es la fuerza que tienen y que ahora se va a empezar a aplicar.
Los organismos públicos y parapúblicos, como puede ser el caso de las bolsas, van a forzar a las empresas de auditoría a que alcancen un compromiso de homologación de los informes que emiten para las empresas españolas.
Cómo evitar que las auditorías sean papel mojado
Se trata de conseguir que, en el hipotético caso de que una misma empresa decidiera que le realizaran dos informes de auditoría externa distintos, los informes fueran, si no idénticos, sí al menos comparables entre sí y que no reflejaran situaciones tan dispares que al final pudiera parecer que se había procedido al estudio de dos sociedades distintas en lugar de la misma.Los ejemplos que existen sobre la relativa bondad de las auditorías son excesivos. Los problemas entre las empresas auditoras, que hasta ahora se habían comportado con una total elegancia ante los errores de la competencia, han surgido en la misma medida que aquellos que pueden imponer sus condiciones para aceptar como buena o mala una auditoría han empezado a hacerlo.
Empresas multinacionales han sido expulsadas del registro de auditores por los errores detectados en sus análisis económico-financieros de las sociedades auditadas. A ello han respondido señalando el trato discriminatorio por ellos sufrido mientras que errores mayores no han sido acompañados de decisiones similares, sino que las empresas auditoras que los han cometido han visto cómo desde la propia Administración se les encargaban nuevos trabajos de relevancia.
Criterios uniformes
No obstante estos enfrentamientos entre las firmas, lo cierto es que las autoridades económicas y monetarias han establecido criterios uniformes que deberán seguir aquellos que quieran seguir actuando en el mercado nacional y se les reconozca como válido su trabajo.
Lo que está claro es que nadie va a prohibir a una sociedad anónima que elija al auditor que prefiera, pero si éste no presenta las suficientes garantías para las autoridades, el informe final de los auditores será poco más que papel mojado.
Y esto es especialmente importante para determinadas empresas de servicios, como pueden ser las financieras. Los fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas y cooperativas de crédito tienen capacidad legal, aunque nunca la hayan utilizado, y podrían existir casos en los que debieran haberlo hecho, de exigir responsabilidades legales en la medida en que dichos fondos pueden haber incurrido en pérdidas como consecuencia de aceptar los dictámenes de algunas auditorías.
Para cubrirse de los problemas derivados de una auditoría defectuosa, las autoridades económicas han decidido apoyar la homogeneización de los informes de estas firmas con vistas a que no pueda haber problemas posteriores. Así se pretende que todos los informes traten con la misma intensidad los mismos temas, que se hable en los mismos términos y que el lenguaje quiera decir lo mismo cuando se hable de ajustes, reclasificaciones o cuestiones similares.
De esta forma, los informes finales serán comparables, y no distintos, como ha venido siendo usual y como aún lo es, por lo que se desprende de los primeros informes de auditoría que se conocen y analizan los resultados obtenidos en el pasado ejercicio.
La decisión de homogeneizar tiene como contrapunto que aquellos que no lo cumplan serán retirados del mercado de forma clara. Las autoridades económicas no reconocerán como útiles las auditorías realizadas que no sigan los criterios fijados.
Podrán seguir operando como sociedades especializadas, eso no se puede impedir, pero su validez será tan escasa que a la larga nadie querrá gastar su dinero en obtener un papel que no tenga reconocimiento oficial. Máxime si se tiene en cuenta que los informes de auditoría suponen un importante coste para algunas empresas y que sus gestores no los podrán justificar a menos que vayan avalados por un cierto respaldo oficial que les dé carta de veracidad.
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