La futura política científica se plantea como un instrumento para superar la crisis

El proyecto de ley de Fomento y Coordinación de la investigación Científica y Técnica, más conocido como ley de la Ciencia, que proximamente remitirá el gobierno a las Cortes, pretende apoyar el cambio de la ciencia española en la coordinación, el incremento de los recursos y la adecuación a las necesidades reales del país. La política científica se plantea, según este texto, como un instrumento para superar la crisis mediante una mejor estructura organizativa.

Junto a una comisión interministerial, presidida por el ministro de Educación y Ciencia, el desarrollo científico se encauzará a través de un Plan Nacional de Investigación Científica y Técnica de carácter plurianual. El primer plan, establecido para un período de cinco años, deberá ser aprobado antes del 30 de junio de este año. La Administración ha adoptado un modelo centralizado, según se recoge en la memoria de anteproyecto.En una reciente intervención ante el Círculo Financiero de Madrid, el ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, indicó que "España gasta en tomo a los 100.000 millones de pesetas anuales en compra de tecnología, mientras que solamente exporta por valor de 10.000 millones", y concluía que, si no se altera esta situación rápidamente, el futuro desarrollo económico de nuestro país, y aun la independencia nacional de España, pueden quedar hipotecados de modo irreversible".

El dramático pronóstico de Maravall llevaba implícito el reconocimiento de la responsabilidad que ,tiene el deficiente sistema español de ciencia y tecnología en la decisión de las empresas que optan por la dependencia exterior para su desarrollo, según queda refleja do en un estudio previo a la elaboración del proyecto de ley de la Ciencia.

En el citado estudio se recogen los grandes males que afectan al sistema español de ciencia-tecnología: escasez de recursos humanos (unos 20 investigadores por cada 100.000 habitantes, cuando la media en los países de la CEE se acerca a 120) y materiales, y un gran desequilibrio regional. Resumiendo: se gasta poco y mal. A esto hay que añadir la ineficacia derivada de la descoordinación y el despilfarro que supone una investigación que, siendo tan escasa, se ha desarrollado al margen de las demandas sociales.

En este contexto se comenzó a elaborar, hace aproximadamente un año, el anteproyecto de ley de la Ciencia, para establecer instrumentos eficaces de coordinación y fomento de la investigación y definir los objetivos prioritarios, para programar los recursos en función de las necesidades económicas y sociales.

Por lo que se refiere al texto de la futura ley, ya sometido al Consejo de Ministros por el titular de Educación y Ciencia, en la actualidad se están recogiendo las sugerencias de los ocho ministerios con responsabilidades científicas, según indicaron a este periódico fuentes de la Administración.

Coordinación

El dispositivo central que introduce la futura ley para garantizar el funcionamiento coordinado del sistema es el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en el que se establecen los grandes objetivos en una programación plurianual que debe ser aprobada por el Gobierno. Los programas que integran el plan se estructuran en tres niveles: nacionales, cuando se trata de atender prioridades de interés general, sectoriales y de las comunidades autónomas.La ley de la Ciencia establecerá la creación de un organismo supremo de programación, en el que se definirán las prioridades: la Comisión Interministerial de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que preside un ministro designado por el presidente del Gobierno, en la que están representados los ocho ministerios con responsabilidades en ciencia y tecnología. La Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (CAICYT) se integrará como gabinete técnico de esta comisión interministerial, encargada de asignar los recursos a los diferentes programas, fomentar y coordinar el sistema ciencia-tecnología, incluyendo las relaciones internacionales, y potenciar la movilidad del personal investigador en función de objetivos prioritarios.

La escasez de recursos dedicados a ciencia y tecnología en España aconseja dirigir los esfuerzos a solucionar las necesidades socioeconómicas reales de¡ país. Para lograr esto, la ley crea el Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología, en el que estarán representadas las empresas, como potenciales usuarias de la investigación. A efectos del primer plan nacional, su presidente será el ministro de Industria y Energía, al ser éste el departamento más relacionado con el sector industrial. El consejo deberá asesorar en la definición de objetivos prioritarios de investigación.

También se crea el Consejo General para la Ciencia y la Tecnología, integrado por un representante de cada comunidad autónoma y miembros de la comisión interministerial.

La ley aborda la reforma de tres organismos públicos de investigación (OPI): el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Geológico y Minero y la Junta de Energía Nuclear, que en el futuro se llamará Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, adecuando su estructura al desarrollo de los planes nacionales. Probablemente se reformarán también el Instituto Oceanográfico y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. En el futuro, estos OPI contarán con un presidente y un consejo rector.

El personal investigador

Se establece un mecanismo de gestión presupuestaria flexible y se promociona el desarrollo y la aplicación de las investigaciones. La ley establece un único estatuto del personal investigador.Entre las reformas previas a la ley de la Ciencia destaca la creación de más de 400 nuevas plazas para rejuvenecer la plantilla de investigadores de¡ Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Junto a la ley de la Ciencia, otra serie de normativas permitirán transformar el panorama científico español, según fuentes de la Administración. Entre estas normas, las citadas fuentes incluyen la vigente ley de Reforma Universitaria, así como la reforma del sistema de normalización y homologación y la futura ley de patentes, con la que se intenta que las empresas nacionales dirijan sus esfuerzos a la obtención de nuevos productos.