Los 'etarras' detenidos en Anglet disponían de datos sobre 90 personas residentes en Navarra

En relación con la documentación intervenida a los ocho etarras detenidos el pasado miércoles en Anglet (Francia), cuatro de ellos ya en prisión, el periódico Diario de Navarra informaba ayer que José Martínez de la Fuente, considerado responsable del comando Nafarroa, en cuyo poder se hallaron datos sobre unas 90 personas residentes en Navarra, como autoridades estatales y forales, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, militares y pequeños comerciantes e industriales. El delegado del Gobierno en esa comunidad autónoma, Luis Roldán, ha declarado al mismo periódico que la documentación intervenida es "exhaustiva", y ha precisado que no incluía proyectos de atentados concretos.Roldán ha recordado que, a lo largo de 1984, fueron detenidos en Navarra los integrantes de seis grupos que se dedicaban a conseguir información para ETA Militar, por lo que no le extraña que esa organización terrorista disponga de amplios datos sobre personas residentes en la comunidad foral navarra.

Ninguno de los cuatro etarras detenidos el pasado miércoles en Anglet (Francia) y encarcelados en Bayona por orden judicial pueden ser expulsados del país vecino mientras no se resuelvan los correspondientes procesos judiciales contra los presuntos terroristas. Entre ellos, figura Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi, considerado jefe de los comandos armados de ETA Militar, acusado ahora por los jueces franceses de tenencia ilícita de armas y de estancia ilegal en el país vecino.

La misma acusación ha sido planteada por los jueces franceses contra Agustín Bergaretxe, propietario del chalé donde fueron detenidos los etarras, y José Ramón Martínez de la Fuente, mientras José Ramón Ruiz de Gauna, el cuarto encarcelado, ha sido acusado de pertenecer a una banda de delincuentes armados. Según informa desde París Soledad Gallego-Díaz, ninguno de los cuatro podrán ser expulsados, ya que, de acuerdo con las fuentes oficiales del Ministerio de Justicia francés, el Gobierno del país vecino no puede adoptar medida administrativa alguna que suponga la interrupción de procesos judiciales ya iniciados.

Una vez que los cuatro sean juzgados, con independencia de las penas que puedan recaerles, el Gobierno francés puede decidir su inmediata expulsión del país o simplemente dejar que cumplan las condenas en prisiones francesas.

Sin embargo, y una vez dictados los ingresos en prisión de los cuatro presuntos etarras, el Gobierno español ya puede solicitar la extra dición de los mismos, siempre que la iniciativa de la petición parta igualmente de los jueces españoles. El propio Ejecutivo español, según manifestó el pasado viernes el titular del Interior, José Barrionuevo, esperaba conocer la decisión de los tribunales franceses para determinar si convenía pedir o no la extradición de los detenidos. Fuentes gubernamentales oficiosas estimaron ayer que era muy probable que en los próximo días se inicie el expediente de solicitud contra alguno de los detenidos, y concretamente contra Txikierdi.