Las empresas de Telefónica con beneficios pasarán al sector privado cuando lo permita su situación financiera

Luis Solana, presidente de Telefónica, tiene la intención de pasar las empresas del grupo con beneficios (es decir, con capacidad financiera suficiente) a la bolsa o al sector privado, según afirmó ayer a los periodistas de información económica. La primera empresa en seguir este camino podría ser Amper, aunque Solana consideró que el proceso será difícil, pues es necesario que las sociedades registren tres ejercicios seguidos con beneficios para ser admitidas, y "Amper era una empresa en quiebra que sólo ha obtenido ganancias el año pasado".

El presidente de Telefónica dijo que en esta pauta le guía el ejemplo de British Telecom, una empresa pública británica que en una primera etapa se separó de Correos y posteriormente fue vendida al sector privado. "Hoy el sector se encuentra totalmente liberalizado, pero Bristish Telecom continúa controlando el 80% del mercado británico gracias a su competitividad. Esto es lo que queremos hacer en el futuro con el grupo industrial de Telefónica, incluyendo a Standard", señaló. En este mismo sentido, Telefónica negociará con Fujitsu la participación en Secoinsa, comprando al Instituto Nacional de Industria (INI) las acciones a un precio pactado para dar luego la mayoría a la empresa japonesa. El objetivo es que España se convierta en la base de lanzamiento de Fujitsu para Europa, África y Oriente Medio.Luis Solana comentó que Telefónica no debe -convertirse en otro INI, en el que las empresas entren sin saber si luego van a poder salir. "Por el contrario", afirmó, "esta compañía debe ser la locomotora del desarrollo tecnológico español.

Telefónica situó sus productos de explotación durante 1984 en 350.000 millones de pesetas (380.000 millones de ingresos totales), con un incremento del 18% sobre 1983. El margen bruto de explotación (ingresos menos gastos) se incrementó un 23% para situarse en 192.000 millones de pesetas; el cash flow (beneficios más amortizaciones) fue de 149.000 millones, con un incremento del 23%.

Los beneficios después de impuestos se situaron en 32.600 millones de pesetas (frente a 27.500 millones en 1983), lo que permite repartir un dividendo del 11%. Las amortizaciones aumentaron un 16%, para situarse en 95.500 millones de pesetas. El endeudamiento del grupo Telefónica se sitúa en estos momentos en 850.000 millones de pesetas.

Por otra parte, Solana afirmó que Telefonica no tiene noticias de que ATT esté complicando la negociación sobre la instalación en Tres Cantos (Madrid) de una fábrica de chips, aunque supone que se dará algún problema desde el momento q* España no ha firmado el acuerdo sobre tecnologías de doble uso, suscrito por todos los países del mundo occidental. "El Gobierno no ha dicho nada, pero intuyo que los ministerios de Industria, Economía y Defensa están a favor de esta firma, aunque quizás Asuntos Exteriores se oponga".

Participación extranjera

Por otra parte, la delegada del Gobierno en Telefónica, María Paz Fernández Felgueroso, solicitó ayer información al presidente de la compañía sobre la posibilidad de poder aumentar la participación extranjera en el capital de la empresa al 49%, eliminando el actual tope del 25% (véase EL PAÍS de ayer). Fuentes de la dirección de Telefónica matizaron, no obstante, que el objetivo de esa petición es puramente técnico para mejorar los sistemas de control sobre los accionistas extranjeros y para dar solución al problema que se podría plantear en el caso de que esta participación alcanzara el límite del 25%, hoy establecido.

"Dado que las acciones intransferibles y transferibles cotizan al igual en las bolsas", señalan estas mismas fuentes, "al principio se pensó en la posibilidad de solicitar a los bancos que tienen depositados los títulos que nos indicasen cuáles estaban en manos de inversores extranjeros. Pero no fue posible encontrar un método factible. En ese caso hubiéramos podido intentar la separación de la cotización de los dos tipos de acciones".

La segunda opción es la elevación del tope actual al 49%. Así se podría inmovilizar la participación del Patrimonio (32%), del Banco de España (13%) y de la Caja Postal (2%), sacando también del sistema otro 4% actualmente en manos de bancos privados. El resto, el 49%, quedaría en el libre juego del mercado. "Con el 51% inmovilizado se mantendría totalmente la seguridad de controlar la compañía", añaden.