El Gobierno ha contestado a 63 demandas del Defensor del Pueblo

Los ministerios de Justicia, Educación, Defensa y Trabajo -excepto el apartado de Seguridad Social- han sido los más sensibles a las demandas del Defensor del Pueblo en lo que se refiere al año 1983. Esta institución presentó ante el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre un informe en el que se incluían 63 recomendaciones al Gobierno, seleccionadas tras haber estudiado 30.763 quejas recibidas en el primer año de funcionamiento de esta institución, dependiente de las Cortes Generales. En estos días, el Gobierno ha respondido a las recomendaciones. En unos casos para decir que ya se han resuelto, en otros para remitirse a un próximo desarrollo legislativo, aunque también se hace frecuente apelación a problemas presupuestarios que imposibilitan la resolución de algunas demandas.Joaquín Ruiz-Giménez, defensor del pueblo, informó ayer de la remisión por el Gobierno de las respuestas a sus 63 recomendaciones, y destacó su gratitud, dado que el Ejecutivo no tiene esta obligación, toda vez que lo concerniente a esta institución tiene que dirimirse en el Parlamento. Aún así, ministerio por ministerio, el Gobierno ha dado respuesta a las 63 recomendaciones del Defensor y las ha canalizado a través de la Secretaría de Estado para las relaciones con las Cortes.

Ruiz-Giménez puso especial énfasis en la resolución de problemas gracias a la llamada de atención realizada por el Defensor, según ha reconocido algún ministro en concreto. No obstante, añadió que muchas demandas se han solucionado por el propio desarrollo de leyes con las que el PSOE estaba comprometido por su programa electoral.

La reforma de la Sanidad pública -"se nos dice que hay que esperar a la ley de sanidad"-, el tratamiento urgente de la psiquiatría y de los toxicómanos; los efectos negativos que la ley de la función pública puede tener en los funcionarios, y la devolución del patrimonio sindical, son algunos de los problemas que el Defensor considera más acuciantes y que aún no han tenido respuesta efectiva de la Administración.