Los asesinos del padre Popieluszko
LA PETICIÓN fiscal contra los cuatro oficiales de las fuerzas de orden público de diversa graduación -un coronel, un capitán y dos tenientes- acusados de haber asesinado al padre Popieluszko es el desenlace lógico del proceso que se viene desarrollando en la ciudad de Torun, con un nivel de información que, a pesar de ciertas limitaciones, ha permitido a la población polaca y a la, opinión pública internacional conocer las declaraciones que se han ido sucediendo. El interés suscitado por el proceso se explica, en primer lugar, por la personalidad de la víctima: uno de los sacerdotes que defendía al sindicato prohibido Solidaridad con más ardor y valentía, y que se había convertido en un símbolo de esa causa. Fue secuestrado el 19 de octubre, extendiéndose una ola de inquietud y angustia por todo el país. A los 11 días fue hallado su cuerpo sin vida. El Gobierno Jaruzelski se apresuró a prometer medidas rápidas y efectivas para descubrir y condenar a los asesinos. En realidad, la investigación duró 52 días; el juicio empezó el 27 de diciembre y está a punto de concluir.Los fiscales han pedido pena de muerte para el capitán Piotrowski, el acusado que llevó a cabo la materialidad del asesinato, y, penas de 25 años para los dos tenientes asesinos y para el coronel Pietruszka, culpable de instigación y asistencia al asesinato. Sin la ayuda de este coronel, dijo uno de los fiscales, "el crimen hubiese sido imposible". Es indiscutible que el asesinato del padre Popieluszko, torturado antes de morir, es uno de los crímenes más repelentes que cabe imaginar. Que se haya requerido la pena más alta del código polaco contra el principal asesino es lógico. Sin embargo, la pena de muerte, en todos los casos, incluso en éste, es algo intolerable para la conciencia contemporánea. Una de las conquistas de la democracia española ha sido precisamente la supresión de la pena de muerte. Es significativo que entre las demandas de Solidaridad para la democratización de Polonia figure la supresión de la pena de muerte; un motivo más para pensar que tal pena, si bien el fiscal la ha pedido, no será aplicada.
Los discursos pronunciados por los fiscales ante el tribunal tienen aspectos no sólo jurídicos, sino políticos. Han reconocido incluso que el asesinato fue una provocación dirigida contra el Gobierno Jaruzelski. En realidad, éste tuvo que tomar una decisión política seria cuando se descubrió que los asesinos pertenecían a los servicios de policía. Si hubiese consentido cierta protección de los asesinos por parte del aparato policiaco, hubiese quedado prisionero del sector duro que, en el partido, y en el sistema estatal, quiere volver a una política de represión implacable contra los hombres ligados a Solidaridad. Ello hubiese sido el fin de su política. Jaruzelski se esfuerza por seguir una política en medio de la corriente, a partir de un equilibrio, sumamente difícil, entre un poder sostenido sobre todo en el Ejército y la sociedad civil. Con el proceso que está a punto de concluir, Jaruzelski se coloca en unas condiciones favorables para el diálogo con la Iglesia, incluso con sectores de la oposición. Sin embargo, otra faceta de la acusación fiscal y recientes campañas de Prensa muy duras contra la Iglesia denotan el temor, del Gobierno a que las condenas de los policías asesinos estimulen las actitudes críticas en el seno de la Iglesia. Sin duda, además de las condenas en el juicio, algunas destituciones han tenido lugar entre altos cargos de la policía. Pero todo indica que el general Jaruzelski, a pesar de que necesita mantener cierto margen de tolerancia con respecto a la oposición para que su política sea viable, se encuentra con grandes dificultades para anular a los sectores incrustados en el Estado que quieren volver a las medidas de represión típicas de épocas anteriores.
En todo caso, el juicio de Torun pone en evidencia hasta qué punto, tras la experiencia de Solidaridad, Polonia se ha convertido en un caso completamente atípico dentro del llamado socialismo real. A pesar del golpe militar del 13 de diciembre, el peso de la sociedad civil es considerable. Con casi todos los dirigentes de Solidaridad y del KOR en libertad, con cientos de publicaciones clandestinas, pero que se distribuyen públicamente, el Gobierno está obligado a tener en cuenta la presión de un pueblo que conserva, por encima de todo, una conciencia política despierta y una voluntad de libertad indoblegable.
