Los sindicatos médicos anuncian huelgas en los centros públicos de febrero a mayo

El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Juan Blázquez, anunció ayer en una conferencia de prensa la convocatoria de una huelga en todos los centros sanitarios públicos, que se iniciará el 13 de febrero y finalizará el 10 de mayo.La huelga tendrá carácter nacional del 13 al 15 de febrero y del 6 al 10 de mayo. Entre estos dos períodos habrá dos autonomías en huelga de forma sucesiva. Baleares y Canarias estarán en huelga del 20 al 22 de febrero; Aragán y Extremadura, del 27 de febrero al 1 de marzo; Castilla-La Mancha y Valéncia, del 1 al 3 de marzo; Castilla-León y Navarra, del 6 al 8 de marzo; Asturias y Galicia, del 13 al 15 de marzo; Euskadi y Murcia, del 20 al 22 de marzo; Andalucía, del 27 al 29 de marzo; Madrid y La Rioja, del 17 al 19 de abril, y Cantabria y Cataluña, del 24 al 26 de abril.

Según la CESM, la huelga tiene por objeto que el Gobierno y las entidades públicas garanticen que la reforma sanitaria se va a realizar con la participación de los médicos a través de sus representaciones y bajo los criterios de ejercicio de la profesión en libertad, respeto a la situación profesional y social del médico y dignificación de su personalidad ciudadana con respecto a puestos de trabajo, actividad profe-, sional y retribución económica.

De acuerdo con estos planteamientos, la CESM exige que los poderes públicos garanticen la no discriminación respecto de titulaciones, dedicaciones, responsabilidades y remuneraciones del resto de los cuerpos especiales de la Administración; el mantenimiento formal y perfeccionamiento material del estatuto del médico de la Seguridad Social, con apertura inmediata de negociaciones para acordar aquellas medidas de urgencia encaminadas a la mejora asistencial.

La CESM reclama también la equiparación del nivel asistencial y de las condiciones del ejercicio profesional entre las diversas comunidades autónomas del Estado; garantías jurídicas de la procedencia del libre ejercicio de la profesión, y el compromiso expreso de que las plazas que resulten vacantes por la ley de Incompatibilidades serán cubiertas mediante pruebas objetivas tendentes a paliar el paro médico existente.