El Ayuntamiento de Collado Villalba apela al Consejo de Ministros para que evite el derribo de 29 viviendas

La comisión permanente del Ayuntamiento de Collado Villalba aprobó en su reunión del 10 de enero una petición al Consejo de Ministros para que detenga la ejecución de una sendel que no supieron nada hasta hace pocos meses. El propio alcalde, el socialista Carlos López Jiménez, está procesado por desobedecer los apremios judiciales para que cumpla la sentencia.

Que se sepa, ésta es la primera vez en la región madrileña que un edificio completo puede ser demolido por haberse construido ilegalmente. Las dos partes más directamente perjudicadas parecen ser las más inocentes, según todos los testimonios recogidos: el alcalde actual y los propios ocupantes del edificio.La pequeña historia del edificio Las Palmeras, situado en el cruce de la calle de Honorio Lozano -antigua cañada de ganado- y de la travesía de la Virgen del Pilar, se inicia el 2 de abril de 1974, cuando un propietario de Collado Villabla, el aparejador Inocencio Morán, vende un solar de unos 1.000 metros cuadrados a Jacinto Mayoral, constructor, Raimundo Rey, entonces interventor de una entidad bancaria, y Francisco Martín, secretario del juzgado de distrito.

El Ayuntamiento, a pesar de que las normas subsidiarias del pueblo sólo permitían en la parcela la construcción de entre 9 y 12 viviendas, distribuidas en tres plantas, concede, el 2 de febrero de 1985, licencia de construcción para un inmueble de 30 viviendas, más los locales comerciales situados en la planta baja. Se construyeron sólo 29.

Apenas un año más tarde, el 2 de agosto de 1976, el vendedor de los terrenos, al advertir que se estaba construyendo un volumen superior al autorizado por las normas subsidiarias, presenta demanda contra el Ayuntamiento ante la Sala Tercera de lo Contencioso de la Audiencia Territorial. En abril de 1979 las elecciones municipales dan la victoria al PSOE y ocupa la alcaldía Carlos López. La nueva corporación conoce la ilegalidad del edificio, pero se resiste a desalojar a unos inquilinos, en su mayoría vecinos del pueblo, que, según el alcalde, actuaron de buena fe al comprar los pisos.

La Audiencia Territorial, en sentencia de 27 de julio de 1978, ordena la demolición. Los sucesivos recursos presentados por la nueva corporación, de mayoría socialista, no arrojan resultado positivo. Tampoco cambia las cosas un recurso posterior ante el Tribunal Supremo, que el 17 de febrero de 1981 ratifica la sentencia de la Audiencia Territorial.

El Ayuntamiento, entonces, recurre al último argumento que le queda y pide al Supremo que oficie un. requerimiento a la ya extinguida Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana (Coplaco) para conocer si el cumplimiento de la sentencia originaría perjuicios a terceras personas inocentes, como es el caso, según explica la abogada de los vecinos, Dolores Gutiérrez. Si el Tribunal Supremo tomara en cuenta este hecho, la sentencia no variaría pero, como en muchos otros casos, se le hubiera añadido la coletilla de "imposible cumplimiento" y, al margen de las responsabilidades a que hubiera dado lugar, la amenaza de demolición quedaría eliminada.

Inexplicablemente para los vecinos, Coplaco emite un informe el 25 de enero de 1982 en el que señala que no existen motivos de interés público que impidan la ejecución de la sentencia. Para .los inquilinos de Las Palmeras, la suerte estaba echada. En ésa fecha era delegado del Gobierno en Coplaco Carlos Conde Duque.

Sentencia inapelable

Carlos López reconoce que la sentencia es inapelable por la vía judicial, pero aun así se niega a desalojar a unas familias de condición modesta que compraron sus pisos sin que nadie les advirtiera de la amenaza jurídica que pesaba sobre el bloque. El 19 de noviembre de 1984 la Audiencia Territorial dictó un decreto de desalojo que el Ayuntamiento no ha cumplido. Recientemente, el propio alcalde ha sido procesado por el Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial, a instancia de la Audiencia Territorial, por un presunto delito de desobediencia.

Carlos López-todavía no se muestra excesivamente preocupado por el final de la historia. "La sentencia es justa, de acuerdo con la ley", dice, "porque el bloque se construyó sin respeto hacia las normas subsidiarias, pero yo no puedo destruir su vivienda a veintitantas familias que no tienen culpa de nada. La mayoría de ellos son vecinos del pueblo que viven allí todo el año y no tienen grandes recursos económicos. No se trata de una segunda residencia. Si el bloque se derriba, se quedan en la calle, y el Ayuntamiento tampoco tiene dinero para hacer frente a las posibles indemnizaciones a que hubiera lugar".

Los vecinos del edificio Las Palmeras, entre los que hay varios trabajadores de Renfe, afirman que ellos, que son los más perjudicados en este caso, no han recibido ninguna información sobre el proceso, desarrollado a sus espaldas hasta noviembre de 1984, cuando les comunicaron que, legalmente, ya no se podía hacer nada.

Todos compraron sus viviendas cuando el proceso ya estaba en marcha y, en algunos casos, cuando ya existía sentencia de demolición, aunque desconocían estas circunstancias. En el Registro de la Propiedad de Collado Villalba no existe constancia de nada, afirman, hasta el punto de que el edificio sigue figurando en el registro como "libre de gravámenes y cargas".