Una persona muere Violentamente, cada cinco horas en el área peruana de Ayacucho desde 1982

Desde enero de 1982, cada cinco horas fallece una persona en la zona de Ayacucho (Perú) víctima de la violencia ocasionada por la guerrilla de Sendero Luminoso, por las fuerzas armadas o por la policía. Este dato es un avance del informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú que prepara una comisión del Movimiento Internacional de Juristas Católicos, con sede en Bruselas, que el pasado mes de diciembre visitó país, y cuyos resultados globales serán dados a conocer en primavera.

La citada comisión -integrada por los abogados Daniel Bartomeus, Teresa Cervelló, Josep María Manté y por Antonio Doñate, el magistrado juez de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona-, realizó más de medio centenar de entrevistas y estudió una serie de importantes documentos durante su estancia en Perú.La situación de violencia, crisis social, económica y moral que vive Perú es especialmente grave en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, sumidos desde el 29 de diciembre de 1982 en estado de emergencia por la presencia de los guerrilleros de Sendero Luminoso. En opinión de los comisionados, las autoridades practican sistemáticamente en estas zonas detenciones masivas e injustificadas. Las detenciones, afirman los comisionados, van seguidas de incomunicación, tortura y nuevos apresamientos.

La tortura como hábilto

"Todo detenido corre un alto riesgo de ser torturado", aseguran los investigadores. La afirmación se encuentra reflejada en un detallado informe elaborado por un colectivo de abogados de presos políticos y sindicales de Lima, al que han tenido acceso los juristas españoles: el 91,7% de los detenidos por supuestos delitos de terrorismo es sometido a torturas, y el 91% de ellos, obligado a firmar las declaraciones. Se da la paradoja que el 12,5% de éstos desconoce el castellano, idioma en que se redactan los documentos.

En opinión de los juristas, otra de las características de la violencia en Perú son las frecuentes desapariciones: "Se producen en general después de las detenciones que practican las fuerzas ar madas, tras su irrupción violenta en los domicilios. Habitualmente se producen de noche, y los sol dados ocultan sus uniformes y emblemas con unos ponchos utilizando seudónimos entre ellos en las conversaciones para impedir cualquier identificación". En diciembre de 1984 se habían denunciado a la fiscalía peruana 1.087 desapariciones, y sólo en Ayacucho, durante el pasado mes de noviembre, se presentaron 97 casos. Los comisionados temen, sin embargo, que el número real de desaparecidos sea mucho mayor.

Estrechamente relacionado con ello está el hallazgo, cada vez más frecuente, de fosas comunes con un número más o me nos elevado de cadáveres mutilados y desfigurados como consecuencia de la tortura. Los comisionados aseguran que es también habitual la aparición de cadáveres en los alrededores de las ciudades y el descubrimiento de numerosas fosas que aún no han sido examinadas.

Es también muy significativa la aparición de grupos paramilitares formados por campesinos reclutados forzosamente y que actúan en defensa de su propia comunidad o para atacar a las comunidades controladas por Sendero Luminoso. Las entrevistas mantenidas por los investigadores pusieron al descubierto que, en muchas ocasiones, el Ejército escoge a estos montoneros para realizar misiones de patrulla, utilizando sus cuerpos como escudos para que las tropas puedan avanzar detrás de ellos -que van desarmados-.

Consecuencia directa de esta situación de la zona de emergencia es que el 1% de la población ha fallecido violentamente.

Respuesta institucional

La comisión del Movimiento Internacional de Juristas Católicos coincide con el informe emitido recientemente por American Watch, según el cual, "el Ejecutivo peruano ha abdicado de sus funciones y del poder democrático en favor del Ejército". Esta abdicación afecta también al Parlamento, y la Comisión de Derechos Humanos del Senado "ni se reúne ni ha dicho nada sobre las denuncias públicas". Asismismo, la comisión del Congreso de Diputades mantiene una tónica similar, y se le ha prohibido recoger denuncias de desapariciones y torturas.

La mayor parte -de las personas encuestadas por los juristas del movimiento internacional opina, sin embargo, que "el poder judicial es el único freno a la actual situación" y el único instrumento para recuperar los mecanismos democráticos en la lucha contra la violencia.

Pero su credibilidad se ve muy mermada por su dependencia del poder político, sobre todo en la zona de emergencia, por la corrupción, provocada por la menguada remuneración de los jueces y las presiones que ejercen los narcotraficantes. A esto se le suma la labor obstructiva del Ejército, que ha llegado incluso a oponerse a la actuación del Ministerio Fiscal en la zona ocupada o a "someterle a fuego real" cuando se encontraba realizando tareas de investigación.

Los expertos se preocuparon también por la situación penitenciaria, visitando la cárcel de Lurigancho, la más importante del país, y recabando información de los demás centros. En los 90 centros del país hay 21.190 reclusos, sólo 5.000 de los cuales gozan de de las condiciones mínimas previstas por la reglamentación, 7.000 las tienen de forma parcial, mientras 9.000 están sometidos a condiciones infrahumanas.