Iberpistas trata de renegociar su deuda para evitar su intervención administrativa
La deuda que la empresa Iberpistas tiene en la actualidad con entidades financieras nacionales y extranjeras asciende a 18.352 millones de pesetas, de los que en abril de 1983 habían vencido algo más de 2.100 millones, a los que habría que añadir los intereses de demora que genera dicho impago. Los responsables de la empresa concesionaria de la autopista Villalba-Adanero, ante la negativa de la Administración a concederles el seguro de cambio en las operaciones exteriores, iniciaron el jueves el acercamiento a sus acreedores nacionales para tratar de renegociar sus obligaciones crediticias.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del pasado lunes fue informada por el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Julián Campo, sobre la situación de la empresa Iberpistas, que, hace aproximadamente año y medio, pidió a la Administración se le concediera el seguro de cambio -el Estado paga la diferencia existente entre el valor de cambio de una divisa en el momento en que se concede un crédito y el existente en el momento de hacer frente a los pagos de devolución. Dado que Iberpistas no ha aceptado ceder la mayoría del capital y el control de la gestión de la sociedad a la Empresa Nacional de Autopistas, condición que se le exigía para recibir esa ayuda, que supone la rentabilidad de la empresa, la comisión delegada decidió que sea Iberpistas quien trate de llegar a un acuerdo con sus acreedores.El consejero delegado de Iberpistas, José Antonio López Huertas, mantuvo el pasado jueves dos reuniones con los máximos responsables del Banco Central para explicarles la situación e iniciar el proceso de renegociación. Próximamente lo hará con responsables de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) principal acreedor de Iberpistas y sobre la que gravitan impagos de vencimientos de emisiones de obligaciones.
El endeudamiento de Iberpistas - 18.352 millones de pesetas en diciembre de 1983- se concentra en distintas emisiones de obligaciones en la cartera de las cajas de ahorro y que ascendían en esa fecha a 7.598 millones de pesetas, incluyendo la deuda ya vencida; en créditos concedidos por el Banco Central para instrumentar una especie de seguro de cambio de la sociedad, por valor de casi 5.000 millones de pesetas, y los créditos exteriores, que alcanzaban casi 6.000 millones de pesetas. La concesionaria de la autopista Villalba-Adanero solo ha dejado de cumplir sus obligaciones con las cajas de ahorro.
Reticencias
La renegociación de la deuda, que desde Iberpistas se intenta sea con el Banco Central y las cajas de ahorro al tiempo, tiene planteados dos problemas graves. Por un lado, el Banco Central no se considera acreedor en la misma situación que las cajas porque no ha financiado la obra de construcción ni ha sido el banquero de la sociedad. En ese sentido, se señala que en cualquier caso se podrían ejecutar las garantías contra la inversión en divisas de Iberpistas, lo que produciría recursos superiores al crédito concedido. Por otra parte, las cajas han señalado en repetidas ocasiones, desde hace año y medio, que no tienen ningún interés en entrar más en Iberpistas y que solo quieren cobrar las deudas pendientes.La CECA concedió un plazo de tiempo, antes de considerar la posible ejecución de las garantías hipotecarias que tienen para cubrir la emisión de obligaciones que tienen en su cartera, para que Iberpistas alcanzara un acuerdo. sobre el seguro de cambio con la Administración. El plazo se ha cumplido con creces y no ha llegado el acuerdo.
Iberpistas, desde que hace año y medio se dirigió a Julián Campo para que se le concediera el seguro de cambio, y a través de las numerosas reuniones que han tenido lugar, ha esgrimido como argumento para que se le concediera dicho seguro de cambio posibles agravios comparativos con el resto del sector, que sí goza de él. En el MOPU se considera que no existe ninguna obligación real que le mueva a conceder dicho seguro de cambio, dadas las cláusulas de adjudicación de la concesión.
La alternativa de que el Estado entre a formar parte de Iberpistas con mayoría de capital público, y haciéndose cargo de la gestión de la empresa, no está descartada en absoluto, aunque no sea la deseada por ninguna de las partes, y entraría en funcionamiento en el momento en que Iberpistas no lograra un acuerdo con sus acreedores y volviera a acudir al MOPU en busca de su ayuda.
En el caso de que fuera esta alternativa la única que quedara al final se entraría a discutir la valoración de las acciones existentes para tratar de llegar a un acuerdo. El consejo de administración es el propietario del 36%. del capital y representa directamente a otro 34%. El capital de la sociedad es de 13.682 millones de pesetas, de los que 2.465 millones fueron aportados en efectivo, y el resto procede de ampliaciones con cargo a regularizaciones.
