El pacto del País Vasco

LOS COMPROMISOS suscritos por José Antonio Ardanza y el grupo socialista del Parlamento de Vitoria alcanzarán plena vigencia cuando el candidato a lendakari sea formalmente elegido y designe su Gobierno. Las conversaciones para ese pacto de legislatura se iniciaron antes de que la crisis del Partido Nacionalista Vasco (PNV) obligara a Garaikoetxea a dimitir. Por eso, las declaraciones del delegado del Gobierno en el País Vasco, afirmando que el acuerdo hubiera sido imposible con aquél en Ajuria Enea, constituyen un arriesgado proceso de intenciones y un argumento favorable a la hipótesis de que los socialistas conspiraron para la defenestración del lendakari.

En cualquier caso, José Antonio Ardanza ha logrado superar los obstáculos inherentes a una negociación marcada por los resquemores dejados por los enfrentamientos de los últimos años entre nacionalistas y socialistas. El futuro lendakari ha dado una primera prueba de capacidad política, más allá de sus condiciones de gestor eficaz y de militante disciplinado. La identidad de los firmantes del pacto plantea, sin embargo, interrogantes. No se trata tan sólo de que el PNV y el PSE-PSOE no figuren, en tanto que tales, en el documento. Hay también una curiosa asimetría entre las partes que rubrican el acuerdo. Porque el interlocutor del grupo parlamentario del PSE-PSOE no es el grupo parlamentario del PNV -como parecería lógico-, sino el poder ejecutivo, representado por su futuro presidente.

Una maliciosa manera de explicar esa distribución de papeles sería atribuirla a una ambigüedad calculada, que permitiría al PNV, llegado el momento, considerarse liberado del cumplimiento del acuerdo. Sin embargo, el futuro lendakari se halla vinculado por la disciplina de partido, y Michel Unzueta -miembro de la ejecutiva del PNV- ha intervenido en las negociaciones. Aunque el PNV no haya firmado formalmente el pacto, Ardanza ha tenido el apoyo y el respaldo del grupo parlamentario nacionalista en la Cámara autonómica.

Tampoco es seguro que el empató de escaños en el Parlamento de Vitoria entre el PNV y el resto de los grupos sea la razón decisiva de que los nacionalistas firmaran un pacto precisamente con los socialistas. Si ese hubiese sido el único motivo, el PNV habría podido buscar acuerdos con Euskadiko Ezkerra -sobre la base del nacionalismo compartido- o con Coalición Popular -en función de sus coincidencias de política económica o educativa-. La decisión de los nacionalistas de elegir al PSOE como socio se basa también en sus deseos de romper el bloqueo de las negociaciones con el Gobierno del Estado y de pactar las leyes orgánicas con la mayoría socialista en las Cortes Generales.

Los acuerdos -importantes- sobre el desarrollo estatutario, la actividad legislativa, la crisis económica y la estabilidad institucional se sitúan en el marco de unos principios generales de gran alcance. Tanto la aceptación expresa de las reglas de juego establecidas por la Constitución y el Estatuto de Guernica como la voluntad manifiesta de cumplir las leyes vigentes y las sentencias de los tribunales permitirán al nacionalismo vasco tranquilizar a quienes dudan todavía de la sinceridad de sus compromisos con la democracia española. Aunque la ambigüedad doctrinal y determinados comportamientos del PNV hayan alimentado esas sospechas, es injusto menospreciar la decisiva contribución del nacionalismo vasco moderado al restablecimiento de las libertades en España. El documento también formula, de manera explícita, las posiciones comunes de nacionalistas y socialistas sobre la violencia: la salvaguarda de los derechos humanos, la necesidad de luchar contra el terrorismo mediante los procedimientos de un Estado de derecho, el compromiso de combatir las causas que originan la violencia, el objetivo de crear las condiciones de respeto y tolerancia en el seno de la sociedad vasca, la defensa de las libertades y de la democracia representativa.

Nacionalistas y socialistas ratifican que la autonomía constituye el camino aceptado por el pueblo vasco y reiteran que el desarrollo del Estatuto de Guernica deberá ser la vía para resolver los conflictos pendientes. La declaración de que "no existe ningún tipo de justificación para la utilización de la violencia" en un sistema de libertades "en el que todas las ideologías pueden ser defendidas democráticamente" elimina las coartadas para disculpar los crímenes de ETA y los obtáculos para la legalización de los partidos que sostengan pacíficamente cualquier credo. La afirmación de que "los problemas políticos del País Vasco solamente deben ser negociados entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, el Gobierno vasco y, en su caso, el, del Estado" excluye a ETA Militar como interlocutor de las ínstituciones y de los partidos vascos y abre la posibilidad de la incorporación de Herri Batasuna al juego político. El recordatorio de que "las relaciones internacionales son una materia de competencia del Gobierno del Estado" evitará ínterferencias del Gobierno de Vitoria en el asunto de las extradiciones. Y el respaldo a las medidas de reinserción social para quienes abandonen el uso de la violencia confirma el propósito de proseguir la senda iniciada por Juan José Rosón y Mario Onaindía.

En definitiva, el pacto entre nacionalistas y socialistas abre nuevas perspectivas para la paz y para la consolidación de las instituciones vascas.