Fuerte rechazo en Canarias al proyecto de ley de aguas

El proyecto de ley de aguas, aprobado por el Consejo de Ministros, ha sido rechazado por la oposición y los sectores afectados en Canarias, al extender la declaración de dominio público de los recursos hidráulicos al territorio del archipiélago, lo que ha sido interpretado en tales fuentes como una invasión de las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en dicha materia. En contra de esta opinión, el consejero de Industria, Agua y Energía del Gobierno autónomo, Nicolás Álvarez, del PSOE, ha declarado: "Nosotros también hubiéramos calificado todas las aguas canarias de dominio público. Canarias tiene competencia para elaborar una ley propia que, según el Gobierno autónomo, será aprobada al mismo tiempo que la de ámbito nacional.El Grupo Popular en el Parlamento regional, donde constituye la primera fuerza de oposición, ha expresado a través de su portavoz, Francisco Marcos, una "gran preocupación por el grave daño causado a las comunidades de aguas con este tipo de anuncios, fruto de la frivolidad y las veleidades del PSOE". Alianza Popular ha propuesto en un comunicado que sea enmendada en el Parlamento nacional la disposición adicional del proyecto de ley de aguas que establece la aplicación en Canarias del principio de dominio público. Desde su punto de vista de defensa de la propiedad privada de los pozos y galerías de las islas, esta consideración supone el desmantelamiento de un sector básico, sin que el Parlamento autónomo haya ejercido su soberanía en la materia. El agua es uno de los tenias más conflictivos de la reciente historia política del archipiélago.

En el mismo sentido, el CDS, el grupo mixto en la cámara regional y las agrupaciones independientes de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura reclaman que la comunidad autónoma se acoja al derecho estatutario de legislar y regular las aguas en todo el archipiélago. El estatuto de autonomía confiere a esta comunidad competencias legislativas y de ejecución en aguas superficiales y subterráneas. Los citados grupos insulares proponen que el Parlamento regional interponga un recurso de inconstitucionalidad ante la futura ley nacional.