160 millones de pesetas de déficit contable en el Ayuntamiento de Molina de Segura

A cerca de 160 millones de pesetas se eleva el déficit contable detectado en el ayuntamiento de Molina de: Segura, el cuarto municipio en importancia de Murcia, según revela la auditoría encargada por la actual corporación municipal a una empresa privada que ha revisado la actuación financiera y de cumplimiento de acuerdos del equipo que gobernaba el ayuntamiento durante los años 1981, 1982 y parte de 1983, detectándose además una serie de irregularidades como adjudicaciones de obras sin expedientes; remuneraciones ilegales a funcionarios y concejales, etcétera. El resultado de esta auditoría ha sido remitido al Tribunal de Cuentas del Reino.

La actual corporación municipal, de mayoría socialista, cuando asumió las directrices del Ayuntamiento, en mayo de 1983, comenzó a detectar una serie de irregularidades que aconsejaron la realización de una auditoría para esclarecer la verdadera situación de las arcas municipales. Según el concejal de Hacienda, Francisco Alfonso Alarcón, el balance del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 1982 se cerró con un déficit contable de unos 25 millones de pesetas; sin embargo, la auditoría ha reflejado que en realidad la cifra se aproxima a los 160 millones de pesetas, en un año en el que el presupuesto municipal fue de 413 millones de pesetas.

También ha sacado a la luz la auditoría una serie de múltiples acuerdos sobre remuneraciones que son ilegales. Los acuerdos se tornaron en reuniones de la comisión permanente municipal y es preceptivo que se adopten en pleno. Asimismo, indica Alfonso Alarcón, existe un pago de dos millones de pesetas a un funcionario que tanto el secretario del Ayuntamiento, cuando se adoptó el acuerdo, como el depositario, en el momento de hacerlo efectivo, manifestaron su ilegalidad.

Adjudicación ilegal

La adjudicación de obras públicas municipales también se realizó de forma ilegal, en la mayoría de los casos, es decir, sin que hubiese expediente de adjudicación ni contrata y se da la circunstancia de que el 95% de las obras de asfaltado y alcantarillado se adjudicaron fundamentalmente a dos empresas: la de José Cascales Montesinos y Uta Maescor, de la que es propietario José Miguel Cortés. Asimismo, se ha descubierto que cuando se convocó concurso de adjudicación de obras se presentaron ofertas de empresas inexistentes que nadie denunció.La auditoría ha reflejado también la ilegalidad de las obras de construcción del nuevo Ayuntamiento de Molina, que fueron paralizadas por la actual corporación. La nueva casa consistorial se comenzó a levantar en terrenos que no eran municipales, y calificados como zona verde. La anterior corporación, presidida por el entonces socialista Francisco Viclas Palazón -actualmente expulsado del PSRM-PSOE-, llegó a un acuerdo con el propietario de los terrenos por el cual aquel cedía al Ayuntamiento 2.000 metros cuadrados si a él se le autorizaba la construcción de 600 viviendas.