La cooperación policial fue decisiva para la vuelta a la cárcel de los dos ultraderechistas

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fundamentó la resolución por la que suspendió el permiso concedido a dos reclusos ultraderechistas por el juez de vigilancia penitenciaria de la cárcel de Zamora en el artículo 985 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual la ejecución de las respectivas sentencias condenatorias corresponde al tribunal que las dictó. La colaboración policial fue decisiva para la eficacia de esta resolución.

Según fuentes jurídicas, la iniciativa de la acusación particular, la rápida respuesta judicial y la ágil colaboración de la policía contribuyeron a la eficaz solución del problema planteado por el permiso concedido a Carlos García Juliá e Ignacio Abad. Las mismas fuentes destacaron que las manifestaciones de alto cargos del Ministerio de Justicia en contra del citado permiso no se materializaron en instrucciones al ministerio fiscal para que lo informara desfavorablemente primero ni para que lo recurriera después.En cualquier caso, la respuesta jurídica no dada por el Ejecutivo ni por el ministerio fiscal fue suplida por los letrados de la acusación particular en las causas por la matanza de Atocha y el asesinato de Yolanda González. José María Mohedano, abogado de arribas acusaciones, no sólo presentó recurso contra la concesión del permiso, sino que logró, con la colaboración del servicio policial de la Audiencia Nacional, que se localizara a los magistrados competentes y permaneció a pie de obra hasta que se produjo la resolución. El fiscal jefe, Melitino García Carrero, informó favorablemente este recurso.

Los magistrados Juan Manuel Orbe, Javier Gómez de Liaño y Siro García Pérez abandonaron su descanso y se reunieron en la tarde del sábado para admitir el recurso, declararse competentes y decidir, como medida cautelar, la suspensión del permiso concedido, hasta tanto realicen un análisis más profundo sobre los antecedentes del caso y resuelvan revocar o no los permisos. El comisario general de información, Jesús Martínez Torres, dirigió la operación de control de los condenados, que permitió capturarlos inmediatamente después de producirse la suspensión judicial de los permisos. Una unidad policial hubo de suspender sus vacaciones.