Pérdidas privadas transferidas al Presupuesto

El Estado, como ocurre en muchos otros países europeos, es el mayor empresario de España. La vocación patronal, como en el caso de Italia, arranca del fascismo y sus veleidades autárquicas (creación de Renfe y del Instituto Nacional de Industria en 1941, compra a ITT de la Compañía Telefónica en 1945, y constitución del Instituto Nacional de la Vivienda nada más terminar la guerra civil). Este peculiar origen explica algunas de las características del denostado sector público español, que surge entre sueños imperiales "para la promoción de industrias de defensa nacional y aquellas que aseguren la autarquía económica".La estabilización de 1959 y la paulatina apertura al mundo del régimen franquista suponen una creciente liberalización de la economía española y el abandono de proyectos industriales utópicos, como el famoso de Suances de obtener gasolina de las pizarras de Puertollano, en unos años en que los pocos automóviles que circulaban en nuestro país lo hacían con gasóleo. La empresa pública participa con éxito en el desarrollo industrial de España asumiendo cuantiosas inversiones que el capital privado no está en condiciones de afrontar, pese a que presidencias y consejos de administración son utilizadas con gran frecuencia por el régimen franquista para recompensar servicios a sus leales.

La crisis económica y las incertidumbres de la transición política propician la última etapa de la empresa pública española. Decenas de empresas privadas atrapadas de lleno por la crisis traspasan sus pérdidas y sus plantillas al erario público. Actividades irrentables, instalaciones obsoletas y procesos de gestión ineficientes acaban desembocando en los presupuestos del Estado. Minería, siderurgia, astilleros, empresas textiles, industria del aluminio y transportes, constituyen un amplio abanico de actividades, con gran incidencia ocupacional y elevados costos, que son endosados en los últimos años del franquismo, y sobre todo durante los gobiernos de UCI), desde el sector privado al Estado.

La Intervención General del Estado, en el primer balance consolidado que se ha realizado sobre el sector público empresarial, acaba de identificar la existencia de 747 sociedades no financieras en las que existe alguna participación pública. De ellas, 379 empresas cuentan con mayoría de capital público o están sometidas en su actividad a un control político (caso de Telefónica). Los datos concretos del balance, referidos a 244 sociedades que absorbieron el 95% de la actividad del sector público en 1983, reflejan la dramática situación de la empresa pública estatal: 406.790 millones de pérdidas (el 11,07% de la producción bruta) y un endeudamiento de 5,3 billones de pesetas (más del triple de sus recursos propios). No obstante, no todas las empresas públicas van mal. Ocho sociedades (CTNE, Endesa, EMP, Aldeasa, Cempsa, Encasur, Híspanoil y Sepes) obtuvieron unos beneficios globales de 71.000 millones de pesetas.