Leguina cede a Interior el solar conocido como 'el triángulo de oro', del que fueron desalojadas 42 familias

La Jefatura Superior de Policía, edificio desde cuyo balcón principal proclamó la II República Niceto Alcalá Zamora el 14 de abril de 1931, se convertirá en sede de la Comunidad de Madrid, según el protocolo de convenio firmado ayer por José Barrionuevo, ministro del Interior, y Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid. Las instituciones que representan llevarán a cabo también una permuta de diferentes inmuebles de los que son propietarios. " comunidad cede a Interior el solar conocido como el triángulo de oro, del que fueron desalojadas 42 familias el pasado mes de junio.

El edificio situado en el número 7 de la Puerta del Sol, donde tiene su sede actualmente la Jefatura Superior de Policía de Madrid, se construyó entre 1756 y 1760 para Casa de Correos, nombre por el que se conoce el inmueble. Desde uno de los balcones del edificio, que se utilizaba como sede del Ministerio de la Gobernación, se proclamó la Segunda República, tras la celebración del Consejo de ministros en el que se decidió la salida del rey Alfonso XIII del país. Después de la Guerra Civil el edificio se convirtió en sede de la Dirección General de Seguridad.El ministro del Interior aseguró, tras la firma del protocolo, que la cesión del edificio de la Puerta del Sol servirá, "además de contribuir a una operación urbanística importante, para dar alojamiento digno a la comunidad a la vez que se mejoran las instalaciones policiales". El ministro expresó también su deseo de que el Ayuntamiento participe en esta operación con la cesión del actual edificio de la sede de la Delegación de Gobierno, antigua sede del Gobierno Civil, situado en la calle Mayor.

Joaquín Leguina manifestó que "el cambio de edificios no va a implicar gastos, al principio, porque se trata de un trueque".

Tras la firma del convenio, en medio de un ambiente distendido y prenavideño, Barrionuevo invitó a Leguina a tomar café. El presidente de la comunidad aseguró en tono de broma "que llevará a los calabozos de la Puerta del Sol a los madrileños que no paguen el 3%".

Los bienes que el Ministerio del Interior transmitirá a la Comunidad de Madrid son: el edificio conocido como Casa de Correos, situado en el número 7 de la Puerta del Sol, que forma una manzana completa delimitada por la calle de Correos, travesía de San Ricardo y calle de Carretas; el inmueble conocido como Cuartel de Zaragoza, situado en el número 18 de la plaza de Pontejos, muy próximo al anterior, que está edificado sobre un solar de forma triangular delimitado por la travesía de San Ricardo, calle de la Paz y plaza de Pontejos.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid transmitirá al Ministerio del Interior el edificio conocido como Casa Palacio, situado en el número 25 de la calle de Miguel Ángel -sede actual de la comunidad autónoma y antigua sede de la Diputación-; edificio de oficinas situado en el número 65 de la calle de García de Paredes; el inmueble conocido como Diario Arriba, situado en el número 272 del paseo de la Castellana y el solar conocido popularmente como el triángulo de oro. El solar, que será cedido al Ministe río del Interior, está delimitado por las calles de Capitán Haya Bravo Murillo, Sófora y Ulpiana Benito. El triángulo fue objeto de polémica el pasado mes de.junio cuando se comenzó el derribo de las viviendas de 42 familias que habían logrado paralizar un proceso de expropiación durante 25 años.

Los vecinos argumentaron que en 1979 habían recibido una carta del delegado del Gobierno en Coplaco, Carlos Conde Duque, en el que éste afirmaba que no habría desalojos hasta que no se hubiera adoptado una solución de realojamiento.

En aquella ocasión los responsables de la Consejería de Ordenación Territorial, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid argumentaron que el Plan General de 1963 consideraba la zona como de equipamientos y dotaciones de uso público y el mismo carácter se había mantenido en el Plan General. Eduardo Mangada, titular del departamento citado, afirmó que de no completarse el desalojo de la manzana el dinero público invertido "quedaría enterrado y en términos sociales supondría una malversación que en ningún caso puede justificarse". El desalojo de las familias exigió fuerte presencia policial. La Comunidad les ofreció viviendas nuevas que, según los afectados, estaban por encima de sus posibilidades económicas.