España quiere que Jacques Delors asuma personalmente la dirección de las negociaciones de adhesión a la CEE

España ha pedido a Jacques Delors, que el 7 de enero será nuevo presidente de la Comisión Europea, que asuma personalmente el papel de director del tema de la ampliación en cuanto entre en funciones, con vistas a las próximas sesiones ministeriales, en las que se debe abordar la agricultura y la pesca. La parte española piensa tener reuniones "exploratorias" con Delors y con la nueva presidencia italiana del Consejo de Ministros de la CEE a partir del 15 de enero, dos semanas antes de la próxima sesión formal de negociación.El pasado 28 de noviembre el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, según fuentes fidedignas, transmitió esta petición a Delors, que en principio la acogió bien, aunque esta cuestión se decidirá el 7 de enero, tras la primera reunión de la nueva Comisión. El comisario encargado de la ampliación, Lorenzo Natali, tendría naturalmente que dar su acuerdo y desempeñar un papel principal en esta operación.

Natali consideró ayer que "se ha dado un paso importante en el camino de la ampliación" con los acuerdos sobre industria, siderurgia e instituciones, y con la presentación a España de posturas comunitarias en materia de vino y de pesca, con lo cual "los diez han completado prácticamente el marco de las- negociaciones". Natali avisó sin embargo que "en lo referente a la agricultura y la pesca, las posiciones de los diez y de los países candidatos son aún divergentes sobre puntos importantes".

Acuerdo aceptable

El acuerdo sobre desarme arancelario en el sector industrial, logrado en la madrugada de ayer entre Espana y la CEE, "supone para las empresas interesadas el saber desde ahora el calendario, las consecuencias y las reglas del juego" tras la adhesión a la Comunidad, declararon ayer altas fuentes de la Administración española. Aunque "no completamente satisfactorio", añadieron, "es aceptable para la estructura económica española y para la estructura de sus intercambios con los diez".

A cambio de la supresión de la idea de un desarme más rápido de los altos aranceles -que protegen a los sectores más sensibles y en reestructuración (especialmente los productos de línea blanca, motores, motocicletas, juguetes y plásticos)-, España aceptó un desarme general más rápido (52,5% en vez de 50%) en los primeros tres años tras la adhesión, en un período transitorio total de siete años, y una mayor importación de automóviles.

El arancel medio español se sitúa en torno a un 12% o 13%, por lo que la reducción se hará a un ritmo aproximado de 1,7 puntos por año, lo que es aceptable en condiciones normales, pero era importante que en la actual situación económica, difícil, los sectores más sensibles no se vieran afectados más que la media".

En cuanto a la importación de automóviles comunitarios en España se abren contingentes a un arancel del 17,4% (frente a 36,7% en la actualidad), de 32.000 vehículos el primer año y 40.000 el tercero. El reparto por cilindradas, por ejemplo, para el primer año, será el siguiente: 3.000 unidades de menos de 1.275 centímetros cúbicos, 13.000 unidades entre 1.275 y 1.990 cc, 11.000 unidades de 1.990 a 2.600 cc, y 1.000 unidades de cilindrada mayor. Se añaden además 4.000 coches de "reserva" para garantizar el acceso al mercado español de los vehículos británicos e italianos. La gestión de estos contingentes será mixta, entre España y la Comisión Europea.

En cuanto a la siderurgia, durante los tres años tras la adhesión España logra un mínimo de exportaciones hacia la CEE equivalente a la media de los años 1976 y 1977, es decir, unas 827.000 toneladas (no 857.000 como dijimos en nuestra última edición de ayer en un error de transcripción) frente a 757.000 toneladas en 1984. El tema de la chatarra, de cuyos suministros depende buena parte de la siderurgia española, también ha quedado resuelto, pudiendo Espafía importar libremente de la CEE, con la excepción de Italia, Irlanda y Dinamarca.

En medios comunitarios se estima que el aceite de oliva puede ser "el problema más dramático". España no acepta que los precios de intervención de su aceite no comiencen a aproximarse a los de la CEE hasta después de que se haya reformado la normativa comunitaria, en el sentido de la introducción de techos de producción a precios garantizados.