Cambios estructurales en la financiacion agraria

Recientemente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha firmado un convenio de colaboración financiera con el conjunto de las más importantes entidades crediticias que operan en el país, convenio que sería uno más de los que se conciertan entre este tipo, de prestamistas y demandantes de créditos institucionales si no fuera porque representa un nuevo paso en el proceso de reestructuración de los mecanismos de financiación agraria. Así lo afirma el autor de este trabajo, que es también un estrecho colaborador de los responsables ministeriales que han llevado adelante esta política.

La financiación agraria se ha venido caracterizando por un conjunto de deficiencias, ampliamente conocidas por los que operan en el sector. La excesiva proliferación y, al mismo tiempo, centralización de las instituciones que canalizan créditos al sector agrario; la acusada falta de transparencia en el mercado del crédito agrario, que impide conocer el destino final de los créditos; el desconocimiento de¡ coste implícito de la financiación agraria privilegiada, y, por último, el profundo desajuste entre la financiación dirigida al sector y la demanda potencial del mismo son algunas de las deficiencias más notables.Sin embargo, es quizá ese último aspecto el que origina mayores deficiencias dentro de la financiación agraria. Mientras que existe demanda por la financiación en capital -fijo, se ofrecen créditos para capital circulante; al mismo tiempo se produce una inadecuación de los plazos de amortización a la capacidad real de reembolso; también existen divergencias en los tipos de interés para operaciones similares o se establecen exigencias de garantías difícilmente aceptables en el sector agroalimentario.

Considerando todas estas circunstancias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha venido desarrollando a lo largo de los dos últimos años actuaciones encaminadas a incrementar, de forma selectiva, una oferta de financiación agraria mucho más eficiente y menos costosa. Los pasos emprendidos hasta ahora en este sentido han sido numerosos.

En primer lugar, un aumento de la disponibilidad y mejor gestión de los recursos destinados al sector agroalimentario mediante el reciclaje de los fondos excedentarios de las cajas rurales, que anteriormente se dirigían a otros sectores económicos. Este proceso se ha logrado a través del saneamiento de las cajas rurales y la constitución del grupo asociado con el Banco de Crédito Agrícola.

Segundo, el desarrollo de instrumentos de garantía que permitan el acceso del empresario al mercado de crédito en condiciones más ventajosas. Este objetivo se ha cubierto por medio de la potenciación de la Asociación de Caución Agraria (Asica), que facilita avales a los pequeños y medianos empresarios agroalimentarios en plazos y costes sustancialmente más beneficiosos que el de otras entidades financieras.

Convenio de colaboración

Tercero, la ampliación de los sistemas de cobertura contra riesgos extraordinarios, que reduzcan la aleatoriedad de los ingresos agrícolas y que permitan que los compromisos de pagos puedan ser atendidos con mayor fiabilidad. La Empresa Nacional de Seguros Agrarios (Enesa) ha conseguido una mayor y más amplia oferta de seguros agrarios con el fin de incrementar la defensa frente a los riesgos naturales.

Por último, una profunda modificación de las condiciones de financiación agraria, con el fin de conocer sus destinatarios, su coste presupuestario y las finalidades concretas, ajustando los préstamos a las necesidades reales del sector, tanto en lo que se refiere a condiciones de tipos de interés como a los plazos de amortización.

Este último objetivo se ha consolidado a través del reciente convenio de colaboración financiera establecido entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y todas las entidades financieras significativas que operan en el mercado, representando un avance notable en la reestructuración de la financiación agraria por múltiples motivos.

De una parte, por el volumen de financiación comprometido. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concertado, en una primera etapa, con las entidades financieras privadas un volumen financiero en torno a los 90.000 millones de pesetas para el ejercicio 1984-1985, con posibilidades de ampliación hasta los 100.000 millones de pesetas.

En segundo lugar, por el tipo de las entidades financieras que colaboran. Tanto la banca privada como las cajas de ahorro y el Grupo Asociado Banco de Crédito Agrícola-Cajas Rurales han participado proporcionalmente en el paquete de financiación, comprometiendo, entidad por entidad, un volumen mínimo de recursos para cubrir las diferentes líneas de financiación. La relevancia del convenio viene avalada por el número de entidades financieras colaboradoras: 67 cajas rurales, 79 cajas de ahorro y 67 bancos.

Tercero, es relevante este convenio por la forma en que se ha desarrollado. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convenido la firma de este acuerdo con aquellas entidades que voluntariamente así lo han decidido y en las condiciones que libremente se han pactado entre las partes. Los tipos de interés acordados son alrededor de tres puntos inferiores a los que estas entidades fijan para sus mejores clientes, indicando claramente las ventajosas condiciones a las que podrá acceder el agricultor que solicite uno de estos créditos.

También tiene significación el convenio por lo que supone de clarificación de la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por primera vez, este departamento ha establecido una oferta global de algunas de sus necesidades financieras estimadas para el ejercicio próximo (100.000 millones de pesetas), agrupando conjuntamente a algunos de sus organismos y unidades (SENPA, FORPPA, IRYDA y direcciones generales) y estableciendo, por último, un equilibrio entre las necesidades a corto y largo plazo.

Finalmente, es preciso indicar que todas las líneas de financiación acordadas serán subvencionadas con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, haciéndose hincapié en la subvención de intereses y, en menor medida, en la subvención de capital. En cualquier caso, la cuantificación del coste implícito de estas operaciones superará los 3.000 millones de pesetas, manifestándose claramente el propósito de que se conozca explícitamente el coste de la financiación privilegiada dirigida al sector agroalimentario.

En resumen, se puede decir que con este convenio se ha logrado concretar algunas de las características que se desea que concurran en toda financiación privilegiada. En primer lugar, se asegura la existencia de fondos suficientes para cubrir las operaciones proyectadas. Segundo, se concretan plazos de amortización adecuados a las necesidades reales de los agricultores. En tercer lugar, se establecen tipos de interés sustancialmente inferiores a los practicados en el mercado para operaciones similares. Cuarto, se determina el coste derivado de las subvenciones que se destinen a bonificar los tipos de interés. Quinto y último, se objetiva la percepción de la financiación privilegiada, calificando personalmente al perceptor del préstamo y evitando su uso indiscriminado.

Parece evidente que la reestructuración financiera de un sector como el agroalimentario no se resuelve tan sólo con actuaciones como las aquí reflejadas; sin embargo, representa un avance significativo para incrementar la eficacia de los fondos prestables destinados al sector agroalimentario.

es economista, funcionario del Estado.