Ruiz-Gimenez informará a las Cortes de sus investigaciones sobre torturas

El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, hará público en las Cortes los resultados de sus indagaciones sobre la tortura en España, según una nota oficial que hizo pública ayer su oficina de Prensa. Durante los dos últimos años Ruiz-Giménez ha recibido diversas denuncias del País Vasco y Navarra, y se ha entrevistado con el ministro del Interior y el director general de la Guardia Civil."En cumplimiento de su deber", afirmaba la nota, "la institución del Defensor del Pueblo inició las pertinentes investigaciones en contacto con las autoridades competentes y sigue impulsándolas, como se ha expresado en el primer informe anual 1983 a las Cortes Generales. Dichas autoridades han dado prueba de cooperación para el esclarecimiento de los hechos y en varios de los casos han comunicado estar en curso las acciones judiciales pertinentes".

"Por otra parte", agrega, "al tener conocimiento la institución del Defensor del Pueblo del informe 1983 de Amnistía Internacional y los de otras asociaciones, con su reflejo en la Prensa, inició también la actuación pertinente al estimar que los hechos denunciados afectan a derechos fundamentales consagrados en la Constitución".

El Defensor del Pueblo, se afirmaba también, celebró el pasado mes de octubre una "detenida entrevista" con el ministro del Interior y sus colaboradores, a "quienes expuso el propósito de realizar una investigación a fondo sobre todos esos hechos", obteniendo "una inequívoca reiteración de su voluntad de que todos los servicios de su departamento cooperen en la expresada investigación".

A finales de ese mes, decía también la nota de la oficina del Defensor del Pueblo, éste fue visitado por el director general de la Guardia Civil "para expresarle su apoyo a la proyectada actuación investigadora, con el fin de que se esclarezca cualquier tipo de denuncia o reclamación sobre presuntas torturas en centros o dependencias de la Guardia Civil".

El director general solicitó del Defensor del Pueblo "que si las acusaciones no resultaban comprobadas, se promuevan las acciones pertinentes para reparar la lesión al honor y dignidad de los miembros de la Guardia Civil que hubieran sido objetos de dichas imputaciones".

"Simultáneamente", añade la nota de Prensa, el jefe de la 513 Comandancia de la Guardia Civil en Intxaurrondo (San Sebastián), mencionada en el informe de Amnistía Internacional, "invitó explícitamente al Defensor del Pueblo a realizar una visita a la correspondiente casa cuartel para la adecuada indagación en sus dependencias".

La prevista visita, agregaba el comunicado, no sólo se realizará en contacto con las autoridades competentes, sino también con cuantas personas, corporaciones profesionales y otras entidades que deseen hacerle llegar las informaciones objetivas que posean.

"Examinados todos esos informes", concluía la nota, "juntamente con los que puedan recogerse, en su caso, en otras regiones de España sobre la posible violación de derechos humanos, serán sometidos, en su día, a las Cortes Generales, según previene la ley".