Hacienda sólo cobró el 5% de los 1.300 millones reclamados a las editoras de vídeo, por impago del impuesto de lujo

El Ministerio de Hacienda sólo ha logrado cobrar un 5% aproximadamente de los casi 1.300 millones de pesetas que ha exigido vía ejecutiva a 32 empresas editoras de videocasetes a las que reclamaba el pago del impuesto sobre lujo y la aplicación de un tipo mayor al de tráfico de empresas.Desde principios de junio pasado, la Inspección Financiera y Tributarla se ha dirigido a varias empresas legales de este sector para exigirles el pago de los citados tributos por todo lo facturado en los últimos tres años (1981, 1982 y 1983), a sabiendas de que estos industriales no lo habían percibido de los consumidores.

En estos casos, el suíeto pasivo del impuesto sobre lujo, es decir, el que tiene la obligación de pagarlo, es el cosumidor que compra los videocasetes. Sin embargo, por comodidad recaudatoria, Hacienda considera a los industriales como sustitutos de los contribuyentes y les obliga a que apliquen el impuesto a sus ventas. Debido al elevado porcentaje de industrias piratas existentes en el sector, se ha creado una feroz competencia que ha impedido a los fabricantes legales el cobro de estos impuestos ante la negativa generalizada de los comerciantes.

La Comisión de Inspectores Regionales elaboró un informe el pasado mes de mayo, en el que señalaba que el fraude fiscal del sector ascendía a 15.203 millones de pesetas (9.049 millones correspondientes al impago del impuesto sobre lujo y el resto a tráfico de empresas).

El mismo informe reconocía, no obstante, que las posibilidades reales de recaudación se situaban por debajo de los 5.000 millones de pesetas. La experiencia ha sido mucho peor todavía, ya que apenas se ha cobrado el 5% del valor reclamado en las actas.

En varias ocasiones las empresas trataron de explicar a Hacienda el absurdo que significaba tener que pagar unas cantidades que previamente no habían recaudado de los contribuyentes. Ante una interpretación que les era adversa, muchas firmas prefirieron dejarse embargar por el fisco a pagar la factura fiscal. Ello se explica porque, en muchos casos, los bienes patrimoniales apenas llegaban al 10% de las deudas reclamadas.

Sin embargo, casi la práctica totalidad de las empresas fallidas ha vuelto a aparecer con un nuevo nombre. En la mayoría de los casos, han elegido nombres con siglas coincidentes o denominaciones similares a las de las empresas fallidas, para conservar su clientela anterior.

Situación en Navarra

Este rigor de la inspección fiscal, aplicado en todo el Estado, contrasta con los criterios adoptados en Navarra por la Diputación Foral, que no ha exigido el pago de estos impuestos hasta el pasado 1 de noviembre, olvidando tácitamente las deudas de los períodos anteriores.Altos cargos de la Administración han criticado esta situación de ineficacia, creada tanto por el excesivo mecanicismo en la aplicación de las normas como por las lagunas legales que impiden la persecución de ciertas conductas.

En este sentido, las mismas fuentes señalan que la vigente ley de sociedades anónimas impide la persecución de los administradores de las empresas fallidas. Este marco legal, ha permitido numerosas infracciones tributarías en la confección y en el comercio de electrodomésticos, sectores en los que proliferan sociedades con un capital social mínimo, que apenas pagan impuestos. Cuando estas empresas son descubiertas por Hacienda, sus titulares prefieren abandonar sus escasos bienes patrimoniales, desaparecer y crear otras nuevas.

Por otra parte, la actuación parcial de los distintos organismos de la Administración facilita este tipo de actividades. Desde el descubrimiento de los hechos, a la ejecución de los bienes, pasando por el levantamiento de actas, transcurren muchos meses e intervienen distintos órganos. En la práctica las responsabilidades quedan limitadadas a los bienes aprehendidos.