Los empresarios portugueses exigen un cambio del sistema político

Los empresarios portugueses, reunidos el pasado fin de semana en Oporto para el segundo congreso nacional de la industria, exigieron el "cambio urgente del sistema político vigente en Portugal", para "evitar la quiebra del país, inevitable a corto plazo si se mantienen las condiciones económicas, sociales y financieras actuales".

El documento aprobado durante el encuentro organizado conjuntamente por la Confederación de la Industria Portuguesa (CIP) y por la Asociación Industrial de Oporto (AIP) considera que en 10 años el Estado portugués ha probado ser "el enemigo de quien trabaja, el enemigo de quien paga impuestos, o sea, el enemigo público número uno", y que llegó el momento para los empresarios de tomar conciencia de la necesidad de unirse para intervenir, activa y decididamente, para provocar el cambio del sistema político".

La declaración de guerra de los empresarios privados ha contribuido para hacer más denso el ambiente de fin de fiesta que, según las palabras de un alto dirigente del PSID, segundo partido de la coalición en el poder en Lisboa, se respira en Portugal, con la elaboración de los presupuestos para 1985, bloqueada por la crisis abierta hace cuatro semanas en el seno de la mayoría, el callejón sin salida en que se encuentra el proceso de integración europea y las incertidumbres que pesan sobre el futuro del acuerdo firmado hace un año con el Fondo Monetario Internacional.

El congreso de la CIP reconoce que, como siempre, es el Estado responsable de todos los problemas económicos, pero que, en el caso de Portugal, el nivel alcanzado por la inflación, el endeudamiento externo, la quiebra del poder adquisitivo de los salarios, la devaluación del escudo, el paro y la quiebra de las inversiones resultan de "errores cometidos por los sucesivos gobiernos y del sistema consagrado por la Constitución de 1976".

Requisitoria moral

A la condena de la política económica, los empresarios añadieron una requisitoria moral contra un Gobierno que, según ellos, no administra la justicia, dilapida el patrimonio, promueve la asfixia fiscal, no presenta cuentas a nadie, no paga lo que debe y, recompensa a los prevaricadores.La mesa redonda con políticos socialdemócratas y democristianos que concluyó el congreso puso también de manifiesto la necesidad de un cambio de sistema, la única división de opinión, situándose entre defensores de la regeneración sin ruptura y partidarios de la ruptura constitucional, que Marcelo Rebelo de Sousa quiere provocar con la elección de un "presidente de unidad nacional" y la convocatoria de un referéndum para alterar la constitución vigente y el sistema electoral.